Por: Manuel Córdoba
Opinión
Durante décadas, la relación entre el Estado y las comunidades ha estado marcada por una especie de paternalismo burocrático: el gobierno planea, contrata y ejecuta, mientras la ciudadanía se limita a ser una espectadora pasiva que agradece o critica la obra entregada. Hablar hoy de “convenios solidarios” rompe de tajo con esa inercia, y quizás por eso genera tanta incomodidad en algunos sectores tradicionales de la administración pública.
Se suele pensar, erróneamente, que esta es una figura improvisada o de reciente invención legal. Nada más alejado de la realidad. Hace 32 años, la Ley 136 de 1994 introdujo esta herramienta para complementar esfuerzos institucionales y comunitarios. Posteriormente, la Ley 1551 de 2012 y, más recientemente, la Ley 2166 de 2021, ampliaron y ratificaron esta facultad, permitiendo contratar con organismos de acción comunal (juntas, asojuntas y federaciones) hasta por la menor cuantía. Incluso la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-265 de 2025, blindó y dejó en firme esta figura. Las herramientas jurídicas siempre han estado ahí; lo que históricamente había faltado era voluntad política para soltar el monopolio de la ejecución.
¿Pero qué es realmente un convenio solidario? En el papel, es un acuerdo para unir recursos técnicos y financieros entre una entidad pública y un organismo comunal. En la práctica, es un acto de confianza. Es el Estado diciéndole a la comunidad: “Ustedes son capaces de ser cogestores de su propio desarrollo”.
Ahora bien, es imperativo ser críticos y mirar los retos de frente. Los detractores de los convenios solidarios, muchas veces escudados en un purismo contractual, argumentan que estas figuras buscan evadir la selección objetiva o convertir a los líderes comunales en contratistas improvisados. Es un riesgo que no podemos ignorar. Históricamente, el país ha visto cómo figuras loables se desvirtúan por el clientelismo. Las Juntas de Acción Comunal no son, ni deben pretender ser, firmas de ingeniería; a menudo enfrentan enormes desafíos técnicos, contables y administrativos.
Sin embargo, la solución a este déficit de capacidad no es marginar a las comunidades y seguir entregando el desarrollo exclusivamente a terceros. La verdadera solución, y el papel que debe asumir la institucionalidad, es el acompañamiento riguroso. El fin último de un convenio solidario no es simplemente pavimentar una calle o construir un salón; es el fortalecimiento del tejido social. Cuando un colectivo administra, vigila y suda la ejecución de una obra, el cemento rinde más, la plata no se pierde y, lo más importante, se reconstruye la fracturada confianza entre el ciudadano y lo público.
Esa es la apuesta crítica y decidida que estamos haciendo desde el gobierno departamental. Bajo el liderazgo del gobernador Rodrigo Villalba, no estamos repartiendo recursos al azar; estamos implementando un modelo de empoderamiento real. Hoy, a través de IDACOHUILA, tenemos en marcha más de 160 convenios solidarios.
No es una tarea fácil y los retos técnicos son diarios, pero asumimos el costo de enseñar haciendo. Porque estamos convencidos de que estos 160 convenios son apenas la cuota inicial para que las comunidades del Huila dejen de ser simples beneficiarias de la caridad estatal, y asuman el papel protagónico que les corresponde en la transformación de sus propios territorios.
