Por: Ana María Rincón Herrera
Opinión
Hay una línea que ningún dirigente democrático debería cruzar: poner en duda la voluntad popular sin presentar pruebas sólidas. Esa línea parece desdibujarse cada vez que el presidente Gustavo Petro habla de un supuesto fraude en las elecciones presidenciales.
Resulta paradójico que quien durante años exigió respeto por las instituciones hoy contribuya a sembrar dudas sobre ellas mediante declaraciones que, hasta el momento, no han sido respaldadas por evidencia concluyente. En una democracia, las acusaciones de fraude no pueden convertirse en una herramienta política ni en un recurso para mantener viva la confrontación.
La confianza en el sistema electoral es uno de los pilares de la República. Si un presidente afirma que el proceso fue fraudulento, tiene la obligación de demostrarlo. No bastan las insinuaciones, las interpretaciones o los discursos que alimentan la polarización. Si existen pruebas, deben presentarse ante las autoridades competentes para que sean investigadas. Si no existen, persistir en ese relato solo erosiona la credibilidad de las instituciones y la confianza de los ciudadanos en el voto.
Los colombianos acudieron a las urnas convencidos de que su decisión sería respetada. Desconocer esa voluntad sin fundamentos suficientes equivale a poner en tela de juicio la esencia misma de la democracia.
Las instituciones electorales no son perfectas y siempre pueden fortalecerse. Cualquier denuncia seria debe investigarse con independencia y transparencia. Pero una cosa es exigir controles y otra, muy distinta, instalar la idea de un fraude sin que este haya sido acreditado.
Colombia necesita dirigentes capaces de aceptar el funcionamiento de las reglas democráticas, incluso cuando los resultados no les favorecen. La fortaleza de una democracia no depende de que todos estén de acuerdo con el resultado, sino de que todos respeten los mecanismos establecidos para controvertirlo.
La democracia no puede convertirse en rehén de los relatos políticos. Se construye sobre hechos, sobre pruebas y sobre el respeto a la decisión soberana de los ciudadanos. Ese es el compromiso que debe asumir cualquier gobernante que aspire a preservar la estabilidad institucional del país.
Porque cuando desde el poder se desacredita un proceso electoral sin evidencia suficiente, no solo se cuestiona un resultado: también se debilita la confianza de toda una nación en el instrumento más valioso que tiene para decidir su futuro: el voto.
