Por: Danilo Andrés Arboleda
Opinión
La reactivación de los resultados operacionales de la Fuerza Pública evidencia el avance y la respuesta que los ciudadanos colombianos esperábamos frente a fenómenos criminales que, durante años, crecieron mientras algunas administraciones parecían hacerse de la vista gorda.
Sin duda, el cambio de gobierno y la posesión de nuevos funcionarios en la cartera de Defensa han sido determinantes. Sin embargo, considero que este cambio no comenzó el 7 de agosto. Por el contrario, en mi concepto, una gran expectativa empezó a generarse al interior de las filas desde el mismo 21 de junio, al conocerse los resultados electorales que dieron vencedor en las urnas al actual presidente de Colombia. Desde entonces, muchos uniformados comenzaron a recuperar la esperanza de contar nuevamente con un respaldo decidido a su misión constitucional y de fortalecer su moral combativa.
Y es que absolutamente nadie puede sentirse a gusto trabajando desmotivado y sin el respaldo de quien ejerce como su máximo comandante en jefe. Mucho menos quienes tienen la responsabilidad de proteger la vida, la honra, los bienes, los derechos y las libertades de millones de colombianos. Durante los últimos años, en mi opinión, se enviaron señales contradictorias a quienes integran la Fuerza Pública, al tiempo que, en la búsqueda legítima de la paz y con las denominadas “buenas intenciones”, se concedieron beneficios y espacios de interlocución a un sinnúmero de delincuentes, terroristas y narcotraficantes.
En ese contexto, la figura de los “gestores de paz” terminó por suscitar una enorme controversia. Para muchos colombianos, lejos de constituir una herramienta eficaz para alcanzar la paz, terminó interpretándose como un pasaporte, una vía libre y, en algunos casos, una forma de validación para que determinados actores ilegales continuaran actuando al margen de la ley. La paz es un propósito nacional irrenunciable; no obstante, no puede construirse a costa de la autoridad legítima del Estado ni del sacrificio de quienes tienen el deber constitucional de defenderla.
Por ello, es necesario resaltar la resiliencia y la resistencia de una Fuerza Pública que permaneció fiel al mandato conferido por la Carta Magna. Soldados, policías y demás integrantes de las instituciones de seguridad continuaron cumpliendo su misión hasta donde los recursos técnicos, tecnológicos, tangibles e intangibles se lo permitieron, incluso en circunstancias en que, por momentos, estuvieron a punto de doblegarlos ante quienes combatían.
Precisamente por esa razón, Colombia necesita una política clara de Estado, y no simplemente una política de gobierno, frente a la seguridad y la defensa nacionales, la seguridad ciudadana y la ciberseguridad. Dicha política debe trascender los períodos presidenciales, blindar las capacidades institucionales y garantizar los recursos necesarios para sostener el Estado de derecho.
Además, la seguridad no puede seguir entendida como un asunto exclusivamente militar o policial. Por el contrario, debe abordarse de manera integral, fortaleciendo la inteligencia, la justicia, la tecnología, la prevención del delito y la cooperación entre las instituciones. De igual manera, debe existir una estrategia contundente para atacar las economías ilegales que financian a las organizaciones criminales.
En efecto, fenómenos como la extorsión, el narcotráfico, el microtráfico, la minería criminal, el secuestro y otros delitos de alto impacto no pueden enfrentarse de manera aislada. Es necesario atacar todos los eslabones de la cadena: las fuentes de financiación, las estructuras logísticas, los corredores de movilidad, las redes de lavado de activos, los responsables intelectuales y quienes ejercen el control territorial.
En este escenario, considero acertada la decisión de nombrar ministro de Defensa al general en retiro Jorge Eduardo Mora López, durante la administración del presidente Abelardo de la Espriella. Su llegada a esta cartera representa, para muchos sectores, la posibilidad de contar con una conducción que conozca desde adentro las capacidades, necesidades y dificultades de la Fuerza Pública.
De igual manera, la nueva orientación en materia de seguridad debe traducirse en hechos concretos: el fin de las suspensiones indiscriminadas de órdenes de captura contra cabecillas, el endurecimiento de la postura frente a los grupos armados ilegales, la recuperación efectiva del control territorial, una mayor articulación con la Fiscalía y un respaldo institucional inequívoco a quienes cumplen la misión constitucional de proteger a los colombianos.
Finalmente, los resultados operacionales no pueden medirse únicamente por el número de capturas, incautaciones o neutralizaciones. El verdadero indicador será la recuperación permanente de los territorios, la disminución de los delitos que afectan a los ciudadanos a diario y, sobre todo, la recuperación de la confianza en las instituciones.
La seguridad no distingue sexo, raza, credo político, ideológico o religioso, ni estrato social o económico. La inseguridad nos golpea a todos por igual. Por eso, garantizarla no debe ser bandera de un sector político, sino un compromiso nacional.
Colombia necesita recuperar la autoridad legítima del Estado, fortalecer a quienes tienen la responsabilidad constitucional de defenderla y entender, de una vez por todas, que sin seguridad no hay libertad, no hay inversión, no hay desarrollo y, sobre todo, no hay condiciones para construir la Patria Milagro que todos los colombianos anhelamos.
