inicioActualidad​JEP confirma secuestro de abogada defensora de ex-Farc junto a sus dos...

​JEP confirma secuestro de abogada defensora de ex-Farc junto a sus dos escoltas en el límites del Huila y Cauca

Actualidad

Sandra Herrera Gaviria viajaba hacia La Plata en una camioneta blindada de la Unidad Nacional de Protección, UNP, cuando hombres armados interceptaron el vehículo en el sector del cruce de Itaibe, en Páez, Cauca. La abogada, que representa a comparecientes de las antiguas Farc ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, iba acompañada por dos escoltas cuando, según su relato, los hombres los encañonaron, desarmaron a los integrantes del esquema y los obligaron a tomar una trocha hasta dejarlos en una zona apartada.

“Yo pensé por la forma en que ellos iban y pues que eran varios hombres. Y la forma en que hicieron las cosas, yo dije: ‘No, a nosotros nos van a llevar es quién sabe para dónde’”, contó al reconstruir los cerca de 40 minutos que permanecieron bajo el control de los hombres armados. La JEP confirmó que la abogada y sus dos escoltas fueron retenidos mediante coacción y señaló que lo ocurrido constituye un secuestro.

El desplazamiento había comenzado desde Hobo. Se dirigía hacia La Plata para cumplir labores relacionadas con la representación de comparecientes y posteriormente tenía previsto continuar hacia Florencia, Caquetá. Según su relato, varios hombres que se movilizaban en otro vehículo se atravesaron en la vía y, por un momento, ella y sus escoltas pensaron que podía tratarse de un accidente. Sin embargo, cuando redujeron la velocidad, los hombres descendieron armados y rodearon la camioneta.

“Se nos atravesaron, como quien dice, venían en el mismo sentido en que nosotros íbamos. Pues tanto así que en algún momento pensamos que era que se habían accidentado”, relató. Los hombres encañonaron a los escoltas y les exigieron entregar sus armas. Dos de los agresores subieron al vehículo en el que se movilizaba la abogada, mientras otro, que llevaba un fusil, permaneció afuera y continuó en el automotor en el que se desplazaba el grupo armado.

Luego obligaron al conductor a tomar una trocha y avanzar durante un largo trayecto. Los escoltas fueron desarmados y, según la abogada, los hombres les ordenaron continuar sin intentar ninguna acción porque había más personas alrededor. “Yo no modulé una palabra por temor a que ellos me dijeran o tomaran alguna represalia conmigo”, explicó.

Al llegar a una zona apartada, los obligaron a bajar y se llevaron la camioneta blindada, las armas de dotación y los proveedores de los escoltas. La JEP informó además que fueron sustraídos los chalecos balísticos y que las tres personas quedaron incomunicadas en el lugar. “Sí. La verdad yo sí pensé que de pronto hasta nos iban a matar por allá a los tres”, manifestó.

Después caminaron por la zona hasta encontrar una camioneta de estacas en la que viajaban una mujer y dos hombres. Las personas se detuvieron, los ayudaron a subir y los trasladaron hasta La Plata. El grupo llegó alrededor de las 4:00 de la tarde y se dirigió inicialmente a la Policía para informar lo ocurrido. Durante el recorrido no habían podido comunicarse porque, según explicó, ninguna de sus dos líneas telefónicas tenía señal.

La forma en que ocurrió la interceptación también le generó interrogantes. Según contó, los hombres no instalaron un retén ni detuvieron otros vehículos, sino que llegaron directamente hacia la camioneta en la que se movilizaba. “Me parece extraño es que si hubiera sido un medio, por ejemplo, de que estaban haciendo un retén, pues cogen otros vehículos y otra gente. Pero eso no fue el contexto. El contexto fue que llegaron directo, como si nos hubieran estado esperando”, señaló.

Durante el procedimiento, además, los hombres habrían identificado expresamente el vehículo. “Ese es el vehículo”, fue una de las expresiones que escucharon los escoltas, según el relato. La situación llevó a la abogada a preguntarse si el automotor había sido identificado previamente o si ella era el objetivo de la acción. Hasta ahora, no se ha establecido públicamente quiénes fueron los responsables.

El episodio ocurrió en medio de antecedentes de amenazas contra la defensora. Aseguró que lleva cerca de dos años recibiendo intimidaciones y que inicialmente contaba con medidas de protección como un chaleco y un medio de comunicación. Por sus labores se desplaza por Putumayo, Caquetá, Huila, Tolima y Quindío, y según la JEP, ante las amenazas denunciadas, la magistratura solicitó medidas de protección y la UNP le asignó el esquema el pasado 6 de mayo.

Entre los hechos que relaciona con su situación está el asesinato de Juan Pedro Luis González, conocido como Genaro, un antiguo integrante de la columna móvil Teófilo Forero a quien representaba ante la JEP. El hombre fue asesinado en Campoalegre el 23 de marzo de este año. La abogada contó que se había reunido con él en ese municipio poco antes del homicidio y que le había expresado su preocupación por su permanencia en la zona.

“Yo le dije: ‘No me gusta que esté aquí’. Le dije: ‘No me gusta que esté aquí, ojalá rapidito’”, recordó. El excombatiente estaba vinculado a cuatro macrocasos de la JEP y, de acuerdo con la explicación de la abogada, tenía previsto realizar aportes a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

Tras la retención, permaneció en La Plata junto con sus escoltas a la espera de una respuesta sobre la forma en que podrían regresar de manera segura. Según relató, inicialmente le indicaron la posibilidad de desplazarse en transporte público, algo que le generaba temor después de lo ocurrido. La JEP cuestionó la respuesta de seguridad y pidió al Gobierno Nacional y a la UNP revisar de manera inmediata los esquemas destinados a quienes trabajan para la jurisdicción en las regiones.

La jurisdicción también señaló que la presencia de sus equipos en los territorios para atender a víctimas y comparecientes no puede representar un riesgo para quienes desarrollan esas labores. El hecho ocurrió mientras la abogada cumplía funciones de representación judicial y, según la JEP, constituye un acto de intimidación contra el ejercicio de la defensa dentro del sistema de Justicia Transicional.

Pese al episodio, la abogada aseguró que no contempla abandonar su labor. “No, para nada. Yo creo que son compromisos sociales que uno adquiere cuando estudia, que uno los asume como es”, afirmó. “En el caso mío yo los asumo y los seguiré asumiendo hasta que la vida y Dios me lo permitan”.