Por: Luis Ernesto Salas Montealegre
El Consejo Nacional del Arroz aprobó un ambicioso plan que arrancará en 2027 para organizar el sector. Promete cuatro pilares clave: ordenar las zonas de siembra, hacer un nuevo censo, crear un sistema transparente de precios y meter seguros para proteger a los agricultores de los golpes del clima y el mercado.
Hasta ahí, todo suena como una solución lógica para un sector que sufre de crisis permanente atada a las variable del mercado. El problema es que el nuevo modelo ignora una realidad que ahoga al productor de base: cómo se financia la siembra.
El verdadero obstáculo: Depender del molino para poder sembrar
Para la gran mayoría de pequeños y medianos arroceros, conseguir un crédito en la banca formal es una odisea llena de trámites y requisitos imposibles. ¿Cuál es la salida rápida? Endeudarse directamente con la industria molinera.
Ahí es donde el sistema se desequilibra:
- El combo completo: El molino presta el dinero, pero obliga al campesino comprarle los insumos a él (fertilizantes, semillas) y, para rematar, lo condiciona a venderle la cosecha al precio y las condiciones que la industria fije.
- Pérdida de autonomía: Aunque el agricultor sea quien asume todo el riesgo físico y climático en el cultivo, termina perdiendo el poder de negociar su propio precio a la hora de la cosecha.
- La protesta de las bases: No es menor que asociaciones como Dignidad Arrocera hayan reclamado públicamente no haber sido invitados a la concertación con el Ministerio de Agricultura, lo que demuestra que los acuerdos se discuten en las altas esferas, pero muchas veces ignoran el día a día del productor.
Conclusión
El ordenamiento, la zonificación y los fondos de precios que promete el Gobierno para 2027 son pasos necesarios, pero incompletos. Si el Estado no logra ofrecer una alternativa real de financiación accesible —que saque al arrocero de la obligación de depender del molino—, el productor seguirá atrapado en un ciclo donde trabaja la tierra, pero otros deciden las ganancias.
