Por: Faiver Eduardo Hoyos Pérez
En Betania, el agua puede guardar secretos, pero las autoridades, no. La desaparición de Daniel Alberto Arce López, de 28 años, durante una celebración en un pontón del embalse, en jurisdicción de Yaguará, ha dejado a una familia sumida en la angustia y a toda una región llena de interrogantes.
No pretendo resolver desde estas líneas lo que por competencia le corresponde investigar a la Fiscalía, pero tampoco acepto que esta historia termine convertida en otra noticia archivada entre fotografías y lamentaciones.
Un testigo presencial me contó que Daniel decidió lanzarse de manera voluntaria al agua y que varias personas, incluido un miembro de la embarcación, intentaron buscarlo sin éxito alguno.
Es una versión que merece ser escuchada y contrastada, sobre todo porque otros relatos mencionan una discusión y un posible empujón. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Qué papel pudo desempeñar el consumo de alcohol? No tengo respuestas definitivas y sería irresponsable inventarlas. Lo que sí tengo claro es que la verdad no puede depender de quién cuente primero la historia.
Pero quiero detenerme en algo todavía más preocupante y es que en Betania, la seguridad lejos de ser un favor de las autoridades, se debe entender como una obligación legal. La Ley 1242 de 2008 atribuye al Ministerio de Transporte, mediante las inspecciones fluviales, la vigilancia de la navegación y las condiciones de seguridad de embarcaciones y tripulaciones.
Por su parte, la Ley 1523 de 2012 establece que el alcalde es responsable directo de implementar la gestión del riesgo en su municipio. Entonces, ¿qué controles y medidas preventivas se estaban aplicando en Yaguará? La responsabilidad compartida no puede convertirse en una excusa colectiva.
Pero hay un dato que hasta ahora no se ha puesto sobre la mesa y es que el alcalde de Yaguará, Lenin Trujillo, se encuentra por fuera del país y su salida fue autorizada por el Concejo Municipal de Yaguará. Una información que cobra importancia mientras una familia reclama respuestas por la desaparición de Daniel.
No cuestiono la legalidad del viaje, pero sí considero indispensable conocer quién está liderando desde la administración municipal la atención de esta emergencia, qué decisiones se han tomado y cómo se está acompañando a los familiares; porque una cosa es contar con autorización para salir del país y otra es garantizar que el municipio responda ante una situación de esta magnitud. Es importante precisar que gobernar no consiste únicamente en promocionar los atractivos turísticos; también exige garantizar que quienes los disfrutan encuentren mínimas condiciones de seguridad.
Otra inquietud merece respuestas urgentes. ¿A qué hora fueron alertados los organismos de socorro? ¿Cuánto tardaron en llegar? ¿Existieron demoras evitables? Reconozco el esfuerzo de los bomberos y rescatistas, pero considero indispensable conocer los registros del operativo. Cuando alguien desaparece bajo el agua, cada minuto cuenta y ninguna explicación administrativa puede reemplazar una respuesta oportuna.
Es momento de revisar los controles, exigir la aplicación de los protocolos de emergencia, fortalecer los equipos de rescate y garantizar una vigilancia adecuada acerca de estas actividades. No quiero esperar otra desaparición para escuchar anuncios, reuniones y promesas.
Hoy, mientras una familia espera noticias de Daniel, siento que nuestra obligación es exigir respuestas sin convertir el dolor ajeno en espectáculo. A través de esta columna no busco culpables anticipados, pero sí autoridades que respondan y medidas que eviten nuevas tragedias, porque lo verdaderamente alarmante es que todavía tengamos tantas preguntas sobre quién debía protegerlo. En definitiva, el agua puede guardar silencio, pero las autoridades competentes, no.
