Por: Jorge García Quiroga
Opinión
Cada temporada de lluvias en el Huila trae consigo emergencias que afectan a comunidades enteras: deslizamientos, inundaciones, vías colapsadas y viviendas en riesgo. Frente a estas situaciones, lo primero y más importante es la ayuda. Y esa ayuda, venga como venga, es valiosa.
En estos momentos difíciles, algunos dirigentes y actores institucionales acompañan a las comunidades de manera visible, incluso a través de redes sociales, informando, gestionando y mostrando la atención que se brinda. Otros lo hacen en silencio, desde la coordinación técnica, la gestión administrativa, la asignación de recursos o el trabajo operativo en territorio. Las formas pueden ser distintas y todas son respetables. En medio de una emergencia, lo verdaderamente importante no es el escenario desde el que se actúa, sino que la ayuda llegue a tiempo, proteja la vida y alivie la situación de las familias afectadas.
Más allá de la coyuntura, es necesario comprender por qué estas emergencias se repiten. Las lluvias intensas no son un fenómeno nuevo ni inesperado. Desde el punto de vista técnico, el Huila presenta condiciones naturales que aumentan su vulnerabilidad: pendientes pronunciadas, suelos inestables, una extensa red de ríos y quebradas, y vías que atraviesan zonas de ladera. A esto se suma el impacto del cambio climático, que ha intensificado la frecuencia y la fuerza de los eventos extremos.
A las condiciones naturales se agregan factores estructurales acumulados durante años. Muchas vías terciarias fueron construidas sin estudios completos o sin sistemas adecuados de drenaje. El mantenimiento preventivo ha sido limitado y, en algunos casos, inexistente. Asimismo, el crecimiento urbano y rural llevó a la ocupación de zonas cercanas a cauces o áreas de alto riesgo, situaciones que con el tiempo se consolidaron y hoy representan una amenaza permanente. Estas realidades no se explican desde un solo periodo de gobierno ni pueden atribuirse a una administración en particular.
Aquí cobra especial importancia el papel de las políticas públicas. La gestión del riesgo debe asumirse como una política pública permanente y transversal, no solo como una reacción ante la emergencia. Esto implica planificación de largo plazo, presupuestos sostenidos, articulación entre municipios, departamento y Nación, y decisiones que se mantengan más allá de los periodos electorales. Incluir la prevención en los planes de desarrollo y en el ordenamiento territorial es clave para reducir la exposición al riesgo.
Las políticas públicas permiten pasar de la reacción a la anticipación. Acciones como la limpieza de cauces, la estabilización de taludes, el mantenimiento periódico de vías, el control del uso del suelo, el fortalecimiento de sistemas de alerta temprana y la educación comunitaria no siempre son visibles ni generan reconocimiento inmediato, pero son las que realmente disminuyen el impacto del invierno. Son medidas técnicas, constantes y silenciosas, que muchas veces solo se valoran cuando no ocurre una tragedia.
Es importante reconocer que existe una institucionalidad atiende esta problematica: oficinas de gestión del riesgo, cuerpos de bomberos, organismos de socorro, alcaldías, gobernación y concesionarios trabajando de manera articulada. Ese esfuerzo merece respaldo, al igual que el compromiso de la ciudadanía de atender recomendaciones oficiales y actuar con prevención.
Las lluvias pasarán, como siempre. El desafío es que cada temporada deje aprendizajes y decisiones que fortalezcan el territorio. Ayudar en la emergencia es indispensable; aprender de ella y consolidar políticas públicas sólidas es lo que permitirá que, cuando vuelva a llover, el impacto sea menor y la respuesta más efectiva.
