Por: Andrés Calderón
Opinión
El primer bombardeo a las guerrillas del ELN en el Catatumbo, bajo la dirección del nuevo presidente, dejó un saldo de tres campesinos heridos, un claro error de inteligencia, seguro motivado por el afán del cumplimiento del deber – ¿les suena eso? -. El hecho contrasta con el endurecimiento de las acciones terroristas por parte de las disidencias de las FARC, que esta madrugada atentaron contra un grupo de soldados con un artefacto explosivo en la vía que conduce a la vereda El Paraíso del municipio de Algeciras, territorio que históricamente ha estado bajo el control de la guerrilla y ha sido usado constantemente para el cobro de vacunas.
En el contexto del conflicto, Colombia ha sido víctima de esta circunstancia constantemente y, aunque disminuyó bastante con la firma de los acuerdos de paz del 2016, la situación volvió a deteriorarse en el gobierno Duque, quien obró tratando de deslegitimar el acuerdo y tomó acciones de desfinanciación e incumplimiento de los proyectos concertados. Petro no pudo hacer mucho para revertir esta circunstancia; su política de paz total, que no era otra cosa que abrir la puerta al diálogo y sometimiento de grupos ilegales, no concretó acuerdos ni con disidentes ni con reincidentes y, al contrario de su objetivo, estos se fortalecieron en todo el territorio nacional.
El presidente Abelardo ha decidido dar un vuelco total a la estrategia de seguridad, cerrando la puerta al diálogo y declarando la guerra directa al terrorismo, cosa que desde muchos sectores se aclamaba, entre esos algunos del mismo progresismo; sin embargo, esta estrategia de confrontación directa y fortalecimiento de la estrategia militar debe estar sujeta, primero, a tener siempre la puerta al diálogo y, segundo, debe ejecutarse en el marco del derecho internacional humanitario.
Pero lo que parece haber iniciado hoy es una guerra sin fronteras en la que primero el ejército metió la pata en Santander y las disidencias le secundaron esta madrugada en Algeciras. Parece ser que la memoria les jugó una mala pasada a los colombianos en las elecciones y, para desgracia de todos, nos llevará a honrar la siguiente frase: «Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo». Los tiempos de la seguridad democrática, en los que la guerra sin límites promovida por el Estado en cabeza del señor Álvaro Uribe Vélez promovió la mayor podredumbre dentro de nuestras fuerzas militares, quienes presionados por los resultados dieron de baja a civiles inocentes para hacerlos pasar por guerrilleros abatidos en combate y vender al público una idea de eficacia de seguridad. El caso, conocido hoy como el de los “falsos positivos”, está en manos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la cual hace poco actualizó las cifras de víctimas de lo que legalmente se llaman ejecuciones extrajudiciales y esta asciende a 7.837 casos en todo el país.
Pero no solo la historia de Uribe es referente; ya América Latina, mucho antes, conoció de estos excesos en el gobierno de Fujimori en Perú, quien después de presentarse como un outsider ganó las elecciones en 1990 y cambió la Constitución para reelegirse y mantenerse en el poder por 10 años. En el gobierno del señor Fujimori, papá de la líder la oposición y recién electa presidenta de Perú, Keiko Fujimori, hubo ejecuciones extrajudiciales, secuestro y tortura por cuenta de la fuerza pública, corrupción y otros delitos, todos comprobados y que lo llevaron a ser el primer presidente latinoamericano condenado por su propio país. Fujimori y Uribe, los hombres fuertes del estado de opinión, el debilitamiento institucional y la democracia: misma fórmula, mismo resultado. ¿Querrá el tigre repetirla?
Con todo esto y la tragedia del recién pasado terremoto, pareciera que vivimos un déjà vu. Los que nacimos en los 80 y más atrás, que fuimos conscientes de las inclemencias de la naturaleza y la guerra, parecemos transportados a ese pasado que dejó las cicatrices de la avalancha de Armero en los 80 y el terremoto de Armenia en los 90, de las masacres, de las bombas y de los secuestros, pero eso sí, con la marcada diferencia del no cierre total de la puerta al diálogo, cosa que ni Uribe se atrevió a hacer.
«Amanecerá y veremos», sentenció el ciego, pero al llegar el alba no vio nada. De igual forma, el país arrastra décadas de violencia cíclica en las que, salvo contadas excepciones, el cierre absoluto a la negociación ha sido la anomalía y no la regla. La historia nos ha legado una sólida tradición de acuerdos que, pese a sus imperfecciones, han demostrado mayor eficacia que la confrontación abierta. La salida al conflicto no debe nacer de la improvisación o la exclusión, sino del reconocimiento del diálogo como la herramienta fundamental sobre las balas. Por tanto, exhorto al presidente Abelardo a no clausurar esta vía y a no reincidir en los fracasos que ya marcaron nuestro pasado. Zanahoria y garrote señor presidente.
