Por: Danilo Andrés Arboleda
En la vitrina de la historia global quedó inmortalizada la postal de 2016: el mundo aplaudiendo el Premio Nobel de la Paz otorgado a Juan Manuel Santos y la promesa de un nuevo amanecer para Colombia. Diez años después, la cruda realidad del país pulveriza la nostalgia de aquellos discursos. Mientras las disidencias de las FARC ganan terreno a punta de terror y el ELN desafía al Estado en amplias zonas del territorio, los colombianos asistimos al espectáculo de una Jurisdicción Especial para la Paz —JEP— que se debate entre la presión presupuestal, la controversia política y una justicia transicional que avanza a un ritmo que ya plantea profundas preguntas.
Nos quedamos con un galardón dorado en una vitrina europea, pero atrapados en un territorio donde la violencia persiste y una parte importante de la ciudadanía se pregunta cuánto cuesta y cuánto produce realmente el modelo de justicia creado por el Acuerdo de La Habana.
La paquidermia no es solo una percepción ciudadana; también puede medirse en términos de tiempo, recursos y resultados. La JEP comenzó a funcionar en 2018 y, desde entonces, ha administrado recursos públicos multimillonarios. Para 2026, cuenta con un presupuesto cercano a $745.000 millones, mientras que para 2027 solicitó recursos superiores a $947.000 millones. En medio de la discusión fiscal, se propone trasladar $100.000 millones de la JEP al sistema de justicia ordinaria.
La pregunta es inevitable: ¿cuál es la relación entre semejante esfuerzo presupuestal y los resultados que reciben las víctimas?
La propia JEP reconoce que en 2025 dictó sus primeras sentencias dialógicas y también su primera sentencia en el procedimiento adversarial con sanción ordinaria privativa de la libertad. Justifica unos resultados insignificantes frente a una colosal maquinaria burocrática. Pero precisamente porque se trata de una jurisdicción excepcional, costosa y transitoria, la sociedad tiene derecho a exigir resultados proporcionales a sus responsabilidades y a su presupuesto.
Para las víctimas, el debate no es académico. Es profundamente humano. Quienes fueron secuestrados, torturados, desplazados o vieron desaparecer a sus familiares esperan verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Y cuando observan que algunos de los máximos responsables reciben sanciones restaurativas, surge una pregunta legítima: ¿la pena corresponde a la gravedad de los crímenes?
La JEP sostiene que esas sanciones buscan precisamente reparar a las víctimas mediante trabajos y obras con contenido restaurativo. Entre ellas están la búsqueda de personas desaparecidas, las acciones contra las minas antipersonal, la infraestructura comunitaria y los proyectos de memoria, vaya “ejemplarizantes condenas”.
Pero una cosa es la arquitectura jurídica de una justicia restaurativa y otra muy distinta es la percepción de quienes sufrieron directamente los crímenes. Para una víctima de secuestro, por ejemplo, ver a un responsable cumplir una sanción sin prisión puede resultar difícil de comprender y aún más difícil de aceptar.
Así lo expresó esta semana Ingrid Betancourt, víctima de las FARC y una de las voces más reconocidas en este debate, al calificar la JEP como “una buena idea sobre el papel y una terrible equivocación en la realidad”. Betancourt sostuvo, además, que, después de casi una década, es necesario revisar el modelo y cuestionó sus resultados frente a las expectativas de las víctimas.
Ahora, ante la discusión sobre el presupuesto de 2027, la reacción institucional de la JEP ha intensificado aún más la controversia. Su presidente, Alejandro Ramelli, lanzó un llamado internacional ante la posibilidad de una reducción de $100.000 millones en el presupuesto del tribunal y advirtió sobre las consecuencias que tendría para su funcionamiento.
La respuesta del presidente Abelardo de la Espriella ha sido igualmente contundente: el Gobierno sostiene que los recursos deben priorizar la justicia ordinaria, aquella que atiende diariamente a millones de colombianos y enfrenta una congestión histórica de procesos.
Y aquí aparece el verdadero debate.
No se trata de escoger entre las víctimas de ayer y las de hoy. Tampoco de enfrentar la justicia transicional con la justicia ordinaria. Se trata de preguntarnos si un Estado con recursos limitados está distribuyendo adecuadamente su presupuesto judicial y si cada institución está entregando resultados acordes con lo que le cuesta al contribuyente.
La paz no puede convertirse en un fetiche retórico que se sostenga indefinidamente con discursos internacionales, mientras en los territorios continúan las amenazas, los desplazamientos, los secuestros, el reclutamiento de menores y el control armado de las comunidades.
Colombia tampoco puede permitir que cuestionar una institución sea interpretado automáticamente como un ataque a la paz. Precisamente porque la paz es demasiado importante, todas las instituciones creadas para alcanzarla deben estar sometidas al escrutinio ciudadano, fiscal y democrático.
La JEP tiene una responsabilidad histórica. Debe demostrar que la justicia transicional no implica impunidad, que la reparación no es una mera formalidad y que cada peso invertido produce resultados verificables para las víctimas y la sociedad.
Si después de casi una década persisten dudas sobre su eficiencia, sus tiempos, sus costos y el impacto real de sus sanciones, discutir una reforma, una transformación o incluso una transición gradual hacia otras instituciones judiciales no debería ser un tabú.
Los galardones internacionales pueden ocupar un lugar en una vitrina. Los discursos pueden llenar auditorios. Las ceremonias pueden producir aplausos.
Pero la paz no se mide en Oslo.
La paz se mide en los territorios.
Y mientras Colombia siga enfrentando el terror de las disidencias, el desafío del ELN y una justicia que muchos ciudadanos perciben como lenta y distante, la paradoja seguirá intacta: nos quedamos con el orgullo de un Premio Nobel en la vitrina, pero con la frustración de una Colombia sin paz y una justicia que cojea y cojea, pero no llega.
