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Rodrigo Londoño Echeverry, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar deberán restaurar a las víctimas con diferentes líneas de acción, bajo condiciones de restricción efectiva de derechos y libertades, con monitoreo y verificación permanentes por parte de la JEP, durante un periodo de hasta 8 años, de acuerdo con la sanción impuesta por el Tribunal para la Paz para cada uno de ellos.
El cumplimiento de la sanción propia comenzó este 21 de septiembre de 2026 con dos acciones restaurativas, realizadas por grupos: la recuperación de cuerpos de personas no identificadas en el Cementerio San Antonio de Padua de Pitalito, en Huila, y acciones de construcción de memoria para las víctimas en Bogotá.
Del 21 al 30 de septiembre del 2026, comparecientes del último Secretariado de las Farc-EP trabajan en el cementerio San Antonio de Padua de Pitalito en cumplimiento del inicio de su sanción propia, bajo el liderazgo de la JEP y la UBPD.
En la intervención forense en Pitalito, también trabajan máximos responsables de la Fuerza Pública por asesinatos y desapariciones forzadas y máximos responsables por secuestro que pertenecieron al extinto Estado Mayor del Bloque Sur de las Farc-EP.
El trabajo entre comparecientes de las Farc-EP y de la fuerza pública en este cementerio se convierte también en un espacio de reconciliación. Quienes durante décadas estuvieron enfrentados en el marco del conflicto armado, hoy trabajan de manera conjunta para contribuir a la búsqueda y recuperación de personas desaparecidas y, con ello, a la restauración de las víctimas.
En Huila, la JEP tiene conocimiento de 14 personas que fueron secuestradas por las Farc-EP y que permanecen desaparecidas. En total, al menos 254 hechos de secuestro ocurrieron en el Huila y 262 víctimas acreditadas ante la Jurisdicción residen en este departamento.
Asimismo, 35 personas que fueron asesinadas y presentadas falsamente como bajas en combate por agentes del Estado en Huila permanecen desaparecidas. En el Subcaso Huila del Caso 03, que investiga estos hechos, se han acreditado hasta el momento a 434 víctimas.
En este departamento, de acuerdo con cifras de la UBPD, hay 1.762 personas dadas por desaparecidas. En el cementerio San Antonio de Padua de Pitalito han sido recuperados 54 cuerpos de personas no identificadas con el trabajo de comparecientes de la fuerza pública ante la JEP, y nueve víctimas han sido entregadas dignamente a sus familias.
