Por: Jorge García Quiroga
El café es uno de los principales productos de la economía colombiana y el sustento de miles de familias campesinas. Por eso, la propuesta del Gobierno nacional de aumentar su IVA del 5 % al 19 % merece una discusión seria, especialmente en departamentos como el Huila, donde esta actividad sostiene buena parte de la economía rural.
El 29 de octubre de 2026, el Gobierno radicó el Proyecto de Ley 477, denominado Ley de Rescate Económico. La iniciativa propone que, desde enero de 2028, el café tostado pase del 5 % al 19 % de IVA, mientras que el café verde, actualmente excluido, quede gravado con la tarifa general. También contempla cambios tributarios para fertilizantes, maquinaria y servicios agropecuarios. Todavía es un proyecto, no una ley aprobada.
El Gobierno busca enfrentar el déficit fiscal mediante la reducción del gasto público y mayores ingresos tributarios. Según su propuesta, el 70 % del ajuste provendría del ahorro estatal y el 30 % de medidas tributarias. Además, plantea devolver el IVA completo a 19 millones de personas vulnerables y parcialmente a otros 16 millones.
Pero ¿qué significaría para los consumidores? Un paquete de café que hoy cuesta $20.000, incluido el IVA del 5 %, pasaría aproximadamente a $22.667 si se trasladara completamente el nuevo impuesto, manteniendo igual su precio antes de impuestos. El incremento sería del 13,3 %. Aunque es una simulación, permite entender el posible efecto sobre el bolsillo familiar.
Para el Huila, las cifras muestran la importancia del debate. Según la Gobernación, en 2025 el departamento produjo 2.523.904 sacos de café de 60 kilogramos, equivalentes al 19,65 % de la producción nacional. La caficultura reúne 88.011 familias, ocupa aproximadamente 150.135 hectáreas y aporta el 10,91 % del producto interno bruto departamental. Además, genera más de 100.000 empleos asociados al cultivo.
Municipios como Pitalito, Acevedo y La Plata tienen una dependencia importante de esta actividad. Según cifras divulgadas en septiembre de 2026, concentran respectivamente 17.790, 14.319 y 11.550 hectáreas cafeteras. Estas cifras reflejan la dimensión económica y social de una actividad que durante generaciones ha sostenido a numerosas comunidades rurales.
Conviene aclarar que gravar el café tostado no significa reducir automáticamente los ingresos del productor. Las exportaciones tienen un tratamiento tributario diferente. Sin embargo, un menor consumo interno podría afectar tostadoras, asociaciones y emprendimientos que comercializan café transformado. También preocupa el posible encarecimiento de insumos agrícolas y las dificultades financieras que podrían enfrentar pequeños productores, aunque algunos impuestos pagados puedan descontarse posteriormente.
El Congreso tiene la responsabilidad de evaluar cuánto recaudaría realmente esta medida y cuáles serían sus efectos sobre precios, empleo y competitividad. También debe establecer si las devoluciones propuestas compensarían suficientemente a los hogares vulnerables. Colombia necesita ordenar sus finanzas públicas, pero las decisiones tributarias requieren estudios que permitan conocer sus consecuencias territoriales.
En el Huila, donde se produce casi uno de cada cinco sacos de café del país, esta discusión merece especial atención. El verdadero desafío consiste en equilibrar las necesidades fiscales del Estado con la capacidad productiva del campo. Porque detrás de cada taza de café hay familias, empleos e inversiones que también deben contar en las decisiones económicas del país.
