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Gobernantes que despiertan cuando explotan las bombas

Por: Danilo Andrés Arboleda

Mientras el terrorismo amenaza la infraestructura, intimida a los comerciantes y altera la tranquilidad regional, el alcalde de Neiva y el gobernador del Huila parecen descubrir la magnitud del problema cuando ya se escuchan las explosiones. La seguridad no se gobierna con discursos, grupos de WhatsApp ni consejos extraordinarios convocados después de las tragedias.

Hay algo profundamente preocupante en lo que ocurre en Neiva y el Huila: mientras las organizaciones criminales demuestran capacidad para intimidar, atacar infraestructura estratégica y alterar la tranquilidad ciudadana, quienes tienen la responsabilidad de gobernar parecen reaccionar solo cuando los hechos ya son noticia.

La motobomba en el peaje a la entrada de Neiva, el vehículo cargado de explosivos en el peaje Los Cauchos y la voladura de torres de transmisión eléctrica, que dejó afectaciones en el suministro de energía en el sur del Huila, Caquetá, Putumayo y Cauca, al depender de la misma línea de conducción afectada, no son simples novedades de orden público. Son señales de una amenaza que exige conocimiento, anticipación y liderazgo institucional.

Y mientras esto sucedía, el domingo nos ofrecía otra escena difícil de digerir: agentes de tránsito desplegados en operativos de comparendos e inmovilizaciones de motocicletas y vehículos. Aclaremos: hacer cumplir las normas de tránsito es necesario. El problema no son los agentes ni su función, sino la contradicción de prioridades que percibe una ciudadanía que necesita sentirse protegida frente a amenazas mucho más complejas.

Porque una cosa es controlar una motocicleta y otra muy distinta es controlar el territorio.

¿De qué sirve exhibir resultados de control vial si no existe la misma determinación para construir una estrategia integral contra el terrorismo, la extorsión y las estructuras criminales?

La seguridad no es una cuota burocrática

Uno de los grandes problemas de nuestras administraciones es la politización de la seguridad y la convivencia. Se ha vuelto costumbre entregar responsabilidades estratégicas como parte de acuerdos políticos, compromisos burocráticos o relaciones personales, como si dirigir la seguridad territorial fuera equivalente a administrar cualquier otra dependencia.

No lo es.

La seguridad ciudadana, la inteligencia territorial y el control del orden público requieren preparación especializada, experiencia, conocimiento del conflicto, análisis de amenazas y capacidad de articulación interinstitucional.

No basta con convocar reuniones, elaborar presentaciones o emitir comunicados. Hay que comprender cómo delinquen las organizaciones criminales, cuáles son sus fuentes de financiación, cómo intimidan a los comerciantes, qué corredores utilizan y qué capacidades tienen para afectar la infraestructura estratégica.

No se trata de descalificar profesiones ni de afirmar que estos cargos deban estar reservados exclusivamente para policías retirados o militares. Se trata de reconocer que hay asuntos que requieren especialistas.

Un administrador puede gerenciar recursos; un abogado aportar rigor jurídico; un economista evaluar impactos financieros. Pero la lectura de amenazas armadas, la inteligencia territorial y la prevención del terrorismo requieren conocimientos específicos, así como la articulación, la comunicación y el diseño de tácticas y estrategias interinstitucionales por parte de las autoridades, tanto administrativas como operativas; en consecuencia, no pueden transitar por caminos distintos.

Gobernar no significa saberlo todo, sino tener la inteligencia y la humildad para rodearse de quienes sí saben.

Y precisamente ahí tienen una deuda pendiente los gobernantes de turno.

Los veteranos sirven para las fotografías, pero no para las decisiones.

Hace tiempo se planteó a los dos mandatarios una propuesta que representa una oportunidad para fortalecer la institucionalidad: conformar equipos interdisciplinarios de veteranos de la Fuerza Pública, con experiencia demostrada en seguridad, defensa, inteligencia, convivencia, gestión del riesgo y control territorial.

No se trataba de crear una nómina para repartir cargos ni de militarizar la administración civil. Se proponía aprovechar un capital humano formado durante décadas, cuyos conocimientos podrían contribuir significativamente a la seguridad regional.

En todos los rangos y fuerzas hay retirados que conocen las dinámicas del conflicto armado, las estructuras criminales, los corredores estratégicos, las modalidades de extorsión y los mecanismos de articulación entre las autoridades civiles y la Fuerza Pública.

Personas capaces de asesorar a los mandatarios, evaluar escenarios, formular estrategias, construir indicadores y hacer seguimiento a las decisiones.

¿Acaso no es preferible contar con expertos que ayuden a prevenir una tragedia antes que convocar consejos extraordinarios cuando ya ha explotado una bomba?

Sin embargo, esta propuesta no parece haber sido una prioridad para quienes gobiernan. Los veteranos sirven para las ceremonias, los reconocimientos, las fotografías institucionales y los discursos sobre el sacrificio, pero cuando se trata de aprovechar su experiencia profesional, sus conocimientos y su capacidad de asesoramiento, las puertas parecen cerrarse.

Se les entrega una medalla o un homenaje, pero no se les abre un espacio para participar en la construcción de las políticas públicas de seguridad.

¡Qué paradoja! Se exalta al veterano por lo que hizo durante su vida institucional, pero se desperdicia lo que aún puede aportar.

Los veteranos no están pidiendo que les entreguen el gobierno. Están reclamando que se permita aportar conocimiento a quienes tienen la responsabilidad de gobernar.

La inteligencia no puede aparecer únicamente cuando explota una bomba.

Otro asunto merece ser cuestionado: la reacción tardía de las administraciones.

Cuando la amenaza se materializa, aparecen los consejos extraordinarios de seguridad, las redes de apoyo, los grupos de WhatsApp, las convocatorias a comerciantes, las recompensas y los anuncios de nuevas estrategias de inteligencia.

De repente, todos descubren que es necesario compartir información, coordinarse entre instituciones y fortalecer la presencia de la Fuerza Pública.

¡Qué descubrimiento tan extraordinario!

¿Y antes qué?

¿Dónde estaban esas redes de comunicación cuando los comerciantes denunciaban amenazas? ¿Dónde estaban los mecanismos de articulación cuando los explosivos comenzaron a utilizarse como instrumentos de intimidación y de presión económica? ¿Dónde estaba la estrategia para identificar a quienes pretenden convertir el miedo en un mecanismo de recaudo criminal?

En Neiva se han registrado amenazas y atentados con explosivos de bajo poder, dirigidos a intimidar a comerciantes que se resisten a entregar el fruto de su trabajo a organizaciones criminales. Sin embargo, la percepción ciudadana es que no hubo una respuesta institucional suficientemente contundente, sostenida y visible.

No podemos normalizar que un comerciante deba elegir entre entregar su patrimonio o exponerse a una represalia criminal. Tampoco que la inteligencia aparezca únicamente después de los atentados.

Las redes de información no se improvisan cuando ya hay explosivos sobre una carretera. La prevención exige trabajo permanente, confianza ciudadana, análisis de la información y presencia institucional.

La gobernabilidad se demuestra antes de la crisis, no solo después de ella.

Gobernar es anticiparse, no administrar emergencias

Al alcalde y al gobernador hay que decirles algo sin rodeos: sus responsabilidades no terminan con convocar consejos de seguridad, solicitar refuerzos militares o anunciar recompensas. Esas decisiones son necesarias, pero constituyen apenas una parte de la respuesta.

La llegada de más uniformados no reemplaza la inteligencia; la tecnología no sustituye la planeación; los grupos de WhatsApp no constituyen una política pública de seguridad y las recompensas no reemplazan la investigación criminal.

Neiva y el Huila necesitan una gerencia estratégica que integre la prevención, la inteligencia, la investigación, el control territorial, la protección de la infraestructura crítica y la participación comunitaria. Necesitan objetivos verificables, responsables definidos, indicadores de desempeño y seguimiento permanente.

También necesitan que sus mandatarios entiendan que la seguridad no puede depender exclusivamente de la Policía y el Ejército. La Fuerza Pública cumple su misión constitucional, pero las autoridades político-administrativas tienen la obligación de liderar la articulación institucional, gestionar recursos y establecer prioridades.

El Huila tampoco puede seguir analizándose como una isla. Su ubicación lo convierte en un corredor estratégico que conecta el centro con el sur del país. Lo sucedido con la infraestructura eléctrica demuestra que las consecuencias de un ataque pueden trascender las fronteras de un municipio. Se necesita, por tanto, una visión regional y coordinación entre departamentos.

La ciudadanía merece resultados, no explicaciones

Lo verdaderamente preocupante es que los ciudadanos continúan preguntándose si pueden viajar tranquilos, si sus negocios están protegidos, si tendrán suministro de energía y si las instituciones tienen capacidad real para anticiparse a las amenazas.

Al gobernador Rodrigo Villalba y al alcalde Germán Casagua les quedan preguntas que no pueden responder con otro comunicado:

  • ¿Dónde está la estrategia permanente contra la extorsión y el terrorismo?
  • ¿Qué mecanismos efectivos existen para proteger a los comerciantes amenazados?
  • ¿Qué análisis de riesgo se realiza sobre los corredores estratégicos y la infraestructura crítica?
  • ¿Por qué no se ha aprovechado plenamente el conocimiento de los veteranos de la Fuerza Pública?
  • ¿Quién evalúa los resultados de las decisiones de seguridad?

No se les exige evitar por sí solos cada acción criminal. Se les exige gobernar con conocimiento, anticipación, liderazgo y resultados.

Neiva y el Huila necesitan menos burocracia complaciente y más capacidad estratégica; menos homenajes simbólicos y más oportunidades para quienes tienen experiencia; menos reuniones de emergencia y más prevención.

El gobernador y el alcalde todavía tienen la oportunidad de demostrar que están a la altura de sus responsabilidades. Pero la ciudadanía no puede seguir pagando el costo de la improvisación.

Neiva no necesita gobernantes que despierten cuando explotan las bombas. Necesita gobernantes que anticipen, comprendan el territorio y ejerzan el liderazgo que sus cargos exigen. Porque cuando el terrorismo toma la iniciativa y el gobierno apenas reacciona, la falta de seguridad también se convierte en un problema de gobernabilidad.