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Autoridades del departamento del Huila confirmaron un aumento en los casos de reclutamiento forzado de menores por parte de grupos armados ilegales que operan especialmente en el occidente del territorio. En lo corrido del año, se han documentado 15 casos en cinco municipios de esta región, una cifra que alerta a las instituciones de derechos humanos y a las autoridades locales.
El secretario de Gobierno del Huila, Juan Carlos Casallas, precisó que “de acuerdo con las consultas que hemos logrado efectuar con las personerías municipales y la Secretaría de Gobierno, tenemos hoy un reporte de 15 casos”. Según el funcionario, estos casos se distribuyen así: cuatro en Algeciras, dos en La Argentina, seis en La Plata, uno en Pitalito y dos en Saladoblanco.
Los responsables, según indicó Casallas, serían integrantes del Frente Hernando González Acosta, una estructura disidente de las antiguas FARC con presencia en el occidente del departamento. Esta organización ha sido señalada no solo por reclutamiento forzado, sino también por otros delitos como homicidio, extorsión, constreñimiento y actos de terrorismo.
La situación no es exclusiva del Huila. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo y organizaciones internacionales, el fenómeno del reclutamiento de menores por parte de disidencias armadas se ha venido incrementando en varias regiones del país. Estas entidades han hecho llamados al Gobierno Nacional para que adopte medidas efectivas que permitan frenar esta práctica y proteger a la niñez de su vinculación al conflicto.
“Este es un delito que genera una muy alta preocupación por parte del gobierno departamental”, señaló Casallas. En respuesta, indicó que se está desarrollando una estrategia en coordinación con la Organización de Naciones Unidas (ONU), orientada a llevar acciones de prevención y protección directamente a los territorios afectados.
Entre tanto, las autoridades continúan ejecutando operaciones de seguridad en distintas zonas del Huila para contener el accionar de estos grupos armados, cuyo foco delictivo se mantiene sobre la población civil mediante extorsiones, amenazas y el uso de menores en sus filas.
