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En una reciente inspección a los dos centros transitorios de detención ubicados en la ciudad de Neiva, el personero municipal, Jerson Andrés Bastidas junto al procurador departamental Jorge Vásquez Subiroz, evidenciaron una serie de condiciones críticas que enfrentan las personas privadas de la libertad (PPL), quienes se encuentran a la espera de una definición de su situación jurídica.
“Vivimos una tortura, llevamos meses sin ver la luz del día, sin visitas y sin ventilación”, se escucha entre los pasillos improvisados donde conviven decenas de personas en espacios reducidos. La mayoría de ellas espera que la justicia resuelva su situación jurídica para poder ser trasladadas a cárceles del país. Mientras no exista una condena, deben permanecer en estos centros de paso bajo la responsabilidad de la administración municipal.
La visita oficial, realizada junto al procurador regional del Huila, se centró en los espacios conocidos como las antiguas bodegas de Alpina y el centro transitorio del barrio Bogotá. En ambos, las condiciones fueron calificadas por las autoridades como altamente preocupantes, al constatarse un grave hacinamiento y falta de condiciones mínimas de habitabilidad.
En el centro ubicado en las antiguas bodegas de Alpina, el espacio, diseñado para un máximo de 100 personas, alberga actualmente a cerca de 278. Las altas temperaturas, que oscilan entre los 30 y 40 grados centígrados, se suman a la falta de ventilación y luz solar. Las personas permanecen allí encerradas en espacios de 8 metros por 3 metros donde conviven más de 40 individuos, muchos de ellos durmiendo en el piso o colgados de hamacas ante la ausencia de colchonetas o camas.
“No hay lugar para el descanso ni para la recreación. No hay visitas. No hay atención médica oportuna. Se enferman y no hay dónde atenderlos”, expresó el personero, quien explicó que dentro del lugar no existen espacios adecuados ni siquiera para prestar primeros auxilios. Las labores de custodia y vigilancia, a cargo de la Policía, también se ven afectadas por estas condiciones, pues los uniformados desempeñan funciones administrativas en medio del hacinamiento y sin los recursos adecuados.
En el centro del barrio Bogotá, la situación es similar. Un espacio previsto para 15 personas alberga actualmente a 38 mujeres. Duermen en el único corredor disponible, en un área que no supera los cuatro metros cuadrados. Cuando llueve, el agua se filtra y las internas se mojan. La humedad constante, sumada a la falta de ventilación y asistencia médica, agrava los problemas de salud.
La mayoría de las personas en estos centros han sido capturadas en flagrancia o por orden judicial, y están en proceso de investigación. Por ley, hasta que no exista una condena, no pueden ser trasladadas a centros penitenciarios del INPEC. Sin embargo, la infraestructura actual no responde a los estándares mínimos de dignidad humana.
“Las bodegas no son cárceles. Son espacios improvisados que nunca fueron pensados para albergar personas”, aseguró Bastidas. A ello se suma la ausencia de una política pública local para atender a esta población. Según el personero, en los últimos 12 años ningún plan de desarrollo municipal ha contemplado la creación o adecuación de centros de detención transitoria.
La situación también implica riesgos legales para el Estado. “Algunas personas han fallecido o han visto agravadas sus condiciones de salud por falta de atención. No hay garantías de derechos básicos. Si no se toman medidas, podríamos enfrentar una ola de demandas por parte de los afectados o sus familias”, advirtió.
Mientras tanto, en estos centros se escucha el mismo pedido, reiterado por muchos: que la justicia defina pronto su situación y que, en el intermedio, se garantice al menos un trato digno.
