Redacción La Última
Un fallo de la Sección Quinta del Consejo de Estado terminó afectando a varios exalcaldes y congresistas, entre ellos, a un exmandatario de Oporapa, quienes se había librado de la sanción interpuesta por la Procuraduría.
La decisión va en contra de fallos impartidos por ese mismo alto tribunal en apoyo a la Procuraduría, en medio del debate sobre el poder que tiene para destituir o no funcionarios de elección popular.
La ponencia del magistrado Pedro Pablo Vanegas, de la Sección Quinta, dejó sin efecto 10 decisiones que había tomado la Sección Segunda entre noviembre de 2023 y mayo de 2024, en donde había tumbado sanciones impuestas por el Ministerio Público en donde se destituia e inhabilitada a alcaldes y congresistas.
Con esta decisión quedan nuevamente en firme las decisiones tomadas inicialmente por la Procuraduría en los 10 casos, dentro de los que destacan el del fallecido exalcalde de Bucaramanga (Santander) Rodolfo Hernández, por darle una cachetada al concejal Jhon Jairo Claro Arévalo el 22 de julio de 2019.
Para la procuraduría, las subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado cometieron un error al aplicar de manera excesiva jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, poniéndola por encima de la Constitución Nacional. “una infracción directa de la Constitución, un error sustantivo y un desconocimiento del precedente al aplicar incorrectamente el control de convencionalidad”. “Desconocieron la supremacía de la Constitución al aplicar de manera excesiva una norma internacional y un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)”.
Yamid Sterling Sánchez, exalcalde de Oporapa
Al exalcalde de este municipio del sur del Huila, el Consejo de Estado le había ‘tumbado’ la sanción de destitución e inhabilidad por 13 años impuesta por la Procuraduría, basándose en la jurisprudencia de la CIDH donde se establece que la Procuraduría no puede aplicar este tipo de sanciones a funcionarios elegidos por voto popular, en ese sentido le ordenó corregir los antecedentes disciplinarios y suprimir las anotaciones.
El exmandatario, quien desempeñó el cargo en el periodo 2012 – 2015, fue hallado disciplinariamente responsable por haberle vendido un lote de propiedad del municipio a su hermano José Herminsul Sterling Sánchez.
Ahora, el mismo Consejo de Estado revoca esa decisión y en el fallo de la Sección Quinta le ordena a las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del alto tribunal que, en un plazo de 30 días a partir de la ejecutoria de esta decisión, emitan las sentencias de reemplazo en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho interpuestos previamente contra la Procuraduría. Es decir, que nuevamente quedaría vigente la sanción interpuesta al exmandatario.
