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Organizaciones campesinas del Huila, incluidas agrupaciones de desplazados, víctimas de violencia y campesinos con vocación agrícola, denunciaron la presunta corrupción en la gestión de tierras por parte de la Agencia Nacional de Tierras, ANT, y la Sociedad de Activos Especiales, SAE. A través de sus voceros,, las organizaciones exigen la intervención de una comisión del Gobierno nacional para revisar las prácticas irregulares que, según afirman, afectan a las comunidades campesinas de la región.
En el municipio de Tello, específicamente en la Haciends La Paz y en la finca El Llanito, un total de 260 personas se han asentado como parte de un reclamo por tierras. “Aquí en el punto de Tello hay 180 personas entre adultos, niños y familias legalmente constituidas, y aquí en el punto de la Ruta 45 habemos 80 personas”, manifestaron los líderes de las organizaciones campesinas. Según indicaron, la toma de estos predios se debe a la falta de respuesta por parte de las entidades encargadas de la distribución de tierras y la atención a las necesidades de los campesinos.
En su denuncia, las organizaciones hacen un llamado directo a la destitución de Lester Garrido, director de la ANT en Huila, a quien acusan de involucrarse en un “escándalo de corrupción peor que el de los carrotanques de la Guajira”. Según afirman, Garrido y otros funcionarios de la ANT estarían comprando tierras con sobrecostos y pidiendo coimas a los ofertantes para adquirir tierras no aptas para la agricultura. “Aquí están comprando tierras que no son aptas para agricultura, están pidiéndole coima a esos ofertantes de tierra para comprarles esos desiertos aparte”, denunciaron.
Además, señalaron que el director de la ANT estaría utilizando su cargo con fines políticos, ya que “aspira a ser candidato a la Cámara de Representantes en las próximas elecciones”. En este sentido, las organizaciones sugieren que las tierras y los bienes que maneja la ANT están siendo utilizados para financiar la campaña de Garrido. “¿Será que piensa con los bienes de esta entidad financiar la campaña?”, cuestionaron.
Por otro lado, las denuncias también involucran a César Oviedo, director de la SAE Huila, quien según las organizaciones campesinas estaría entregando los bienes en poder de la entidad a “amigos de la política tradicional”. Las críticas se centran en la falta de supervisión y control sobre la distribución de estos bienes, que a pesar de estar destinados a proyectos productivos campesinos, no llegan a las comunidades necesitadas. “Nosotros hemos planteado que tenemos proyectos productivos, que vamos a manejar proyectos pilotos para nuestras mismas organizaciones. Pero el señor está interesado en entregar los bienes de la SAE a los amigos de la política tradicional”, señalaron.
Un ejemplo de lo que consideran un manejo irregular de los bienes de la SAE es la finca La Paz, ubicada en el municipio de Tello. Según los denunciantes, este predio estaba en manos de Ricardo Solano, quien lo utiliza para cultivos de arroz y ganadería, actividades que no corresponden a los campesinos de la región. Además, mencionaron que la finca tiene un pago pendiente de energía eléctrica de 30 millones de pesos debido a los elevados costos asociados al cultivo de arroz, lo que evidenciaría la falta de control en la gestión de los bienes.
Las organizaciones campesinas también critican la falta de respuesta por parte de las autoridades locales y nacionales a sus solicitudes. A pesar de haber solicitado bienes en comodato o arrendamiento para sus proyectos productivos, no han recibido respuesta. “Nos cansamos de hablar con César Oviedo, director de la SAE, pidiéndole bienes en comodato, pero está interesado en entregarle los bienes a los amigos de la política tradicional”, insistieron.
Como medida de presión, las organizaciones campesinas decidieron tomar las fincas mencionadas, esperando que su acción lleve a una revisión más profunda de las políticas y prácticas relacionadas con la distribución de tierras en la región. “Exigimos la presencia de una Comisión del Gobierno nacional que venga a revisar el manejo corrupto que le están dando a estas entidades”, afirmaron.
Finalmente, las organizaciones recalcaron que la situación en el Huila refleja una constante de pobreza, miseria y corrupción, que ha dejado al departamento en los últimos lugares en términos de desarrollo y bienestar. “Nos tocó venirnos a las vías porque sencillamente no podemos reclamar a estas entidades o al Gobierno departamental”, concluyeron.
