Redacción La Última
Por el reclutamiento y la utilización de niños y niñas, así como por otros crímenes de guerra cometidos en su contra en el contexto de la vida intrafilas, incluidos malos tratos, tortura, homicidio y violencias sexuales, reproductivas y por prejuicio, la Sala de Reconocimiento de la JEP imputó como máximos responsables a seis exintegrantes del último Secretariado de la extinta guerrilla de las Farc-EP.
Los imputados y llamados a reconocer responsabilidad son Rodrigo Londoño Echeverry, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres, Pastor Lisandro Alape y Julián Gallo Cubillos. La magistratura determinó que cada uno de estos comparecientes, con sus acciones y omisiones durante su vida activa en la guerrilla, son responsables de cinco patrones macrocriminales determinados. En el caso de Rodrigo Granda, la Sala encontró que no participó en la definición ni en la implementación de políticas nacionales sobre la incorporación de personal ni en la regulación de la vida intrafilas, el compareciente fue suplente del Secretariado, no miembro permanente.
Reconocieron el reclutamiento de menores
A través de una misiva, el antiguo secretariado de las extintas FARC-EP, en su rol de máximos responsables y comparecientes ante la JEP aseguraron que se concentrarán con su equipo de defensa en el estudio y revisión de la decisión, para dar respuesta oportuna a los requerimientos de la jurisdicción y asumieron su responsabilidad en el reclutamiento de menores.
“Como uno de los actores involucrados en el largo conflicto armado, entendemos que cumplir nuestros compromisos ante las víctimas y la jurisdicción es parte del camino hacia la no repetición y la reconciliación que tanto necesita Colombia. En consecuencia, como lo declaramos desde los diálogos en La Habana, reconocemos los hechos y conductas que evidencian el reclutamiento y el ingreso a filas de menores de edad durante el conflicto, así como posibles hechos derivados que pudieron suceder dentro de las extintas FARC-EP. Estos hechos no debieron haber ocurrido”, dice la misiva.
Y añaden, “Los jueces han dispuesto de manera excesiva de tiempo y recursos investigando hechos cuya ocurrencia hemos admitido desde las negociaciones de paz. Hemos renunciado expresamente a la presunción de inocencia sobre lo ya reconocido, en beneficio de las víctimas. El único obstáculo es que la JEP aún no aprueba un reconocimiento único y la agrupación de todos los hechos dispersos. La resolución única de conclusiones no es una petición fuera de lo normado ya que está señalada en el Acuerdo Final de Paz y su Ley Estatutaria. Como firmantes de paz, manifestamos que el pueblo colombiano y las víctimas necesitan decisiones prontas”.
