Por: Carlos Ernesto Álvarez Osoina
La tragedia que hoy vive el Catatumbo no es un fenómeno espontáneo, sino el resultado de 2 años de inacción estatal y promesas incumplidas. La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha fortalecido su control territorial en esta región, dejando a los ciudadanos atrapados entre el miedo, el desplazamiento y la violencia. Todo esto bajo la mirada permisiva de un gobierno que, en lugar de actuar con firmeza, decidió sentarse a dialogar mientras los crímenes seguían ocurriendo.
El presidente Gustavo Petro, durante su campaña, prometió que acabaría con el ELN en sus primeros tres meses de gobierno. Sin embargo, la realidad es que, más de dos años después, esta guerrilla ha ganado poder y soberanía en zonas estratégicas. La política de “paz total”, lejos de traer tranquilidad, se ha convertido en una herramienta que el ELN ha usado para fortalecer su posición, aprovechando la falta de respuestas claras del gobierno.
Aunque esta semana el presidente finalmente decidió suspender los diálogos de paz, esta medida llega demasiado tarde. Las acciones del ELN ya han desbordado la capacidad estatal en el Catatumbo, donde los enfrentamientos y ataques han dejado decenas de muertos, heridos y desplazados. ¿Por qué esperar hasta que la situación se salga de control para actuar?
Pero el Catatumbo no es el único caso. En el Huila, particularmente en el municipio de Gigante, la población también vive bajo el asedio del crimen organizado. Hace unos días, una droguería fue objeto de un atentado con explosivos, presuntamente como represalia por el incumplimiento de una extorsión y recordemos que Neiva en el 2024 sufrió mas de 23 atentados con artefactos explosivos. Este acto no solo evidencia la vulnerabilidad de la población, sino también la incapacidad del gobierno para garantizar la seguridad en regiones donde los ciudadanos se sienten completamente abandonados.
La inacción estatal ha convertido a territorios como el Catatumbo en zonas donde la violencia es el lenguaje predominante. Mientras el gobierno insiste en una paz que no llega, las comunidades sufren los embates de grupos armados que operan con impunidad. La falta de resultados concretos y la desconexión entre las promesas presidenciales y la realidad de las regiones han sembrado dudas legítimas: ¿es el gobierno incapaz de controlar estos territorios o simplemente ha decidido priorizar otros intereses?
El presidente Petro debe recordar que la seguridad es una de las obligaciones más básicas del Estado. No es suficiente con discursos ambiciosos sobre la paz total si en la práctica el gobierno carece de la voluntad para enfrentar a los responsables del caos. Es momento de dejar de lado los intereses políticos y de tomar decisiones firmes que demuestren que la soberanía del Estado no está en venta ni en pausa.
La paz no puede ser ajena para quienes viven bajo el yugo de la violencia. Los colombianos merecen un gobierno que no les dé la espalda, que enfrente a los grupos armados y que cumpla las promesas que hizo. De lo contrario, la “paz total” será solo un concepto vacío que condenará al país a un ciclo interminable de abandono, promesas rotas y tragedias anunciadas.
