Por: Fredy Ernesto Tovar Montenegro
Opinión
Lo que estamos descubriendo en Colombia no es un escueto rifirrafe entre ramas del poder. Es una lucha frontal entre dos modelos de país. De un lado, Gustavo Petro, presidente electo con más de 11 millones de votos, propone que sea el pueblo quien decida el rumbo de las reformas que una élite política, cada vez más lejana de la realidad nacional, ha decidido sabotear desde el Congreso. Del otro, Efraín Cepeda, presidente del Senado, se erige como vocero del miedo, el inmovilismo y la hipocresía institucional que han secuestrado a Colombia durante décadas.
Porque digámoslo sin rodeos Cepeda no está defendiendo la democracia, la está bloqueando. Su oposición feroz a la idea de una consulta popular no nace del respeto a la Constitución, sino del pavor a que la ciudadanía despierte, hable y, sobre todo, decida. Él y su bancada no representan al pueblo, representan claramente intereses corporativos, clientelas enquistadas, maquinarias electorales y una tradición parlamentaria que ha vivido cómoda en el pantano de la desigualdad, bebiendo de las mieles del poder a espaldas de la injusticia y la inequidad social.
Mientras tanto, las grandes transformaciones que Petro prometió en campaña (y por las cuales fue legítimamente elegido) han sido manoseadas, recortadas y archivadas sin pudor por ese mismo Congreso que hoy se indigna porque el presidente acuda a la soberanía popular, y que sin duda se encuentra en sala de urgencias pues los vientos de cambio son muy fuertes de cara a las próximas elecciones.
Hablemos con claridad de datos y hechos. La reforma a la salud, diseñada para desprivatizar el sistema y garantizar acceso real, fue hundida en primer debate por una coalición de congresistas más preocupados por proteger los intereses de las empresas prestadoras de salud, que por salvar vidas. Así mismo la reforma laboral, que buscaba dignificar el trabajo, garantizar estabilidad y eliminar la tercerización abusiva, fue torpedeada y nunca avanzó más allá del debate superficial. La reforma pensional, finalmente aprobada en parte, fue desfigurada en su esencia por la presión de sectores que temen perder el botín que representa el ahorro pensional de millones de colombianos. Un sistema pensional que apenas inicia a dar cumplimiento a su propósito sublime, pensionar colombianos y colombianas. Lo que el anterior sistema no hacía. Y la reforma educativa, que propone una educación pública, gratuita y de calidad, enfrenta constantes obstáculos legislativos y mediáticos.
Todo esto en un Congreso que se jacta de ser “el escenario natural del debate democrático”, pero que a la hora de la verdad no representa más que el eco de quienes nunca volvieron a pisar una vereda, un barrio de invasión, una comuna popular, una universidad pública o una sala de urgencias, pues los privilegios que ganan con sus curules los hace orbitar en una nebulosa muy ajena a la realidad de las mayorías.
Ante este panorama, ¿cómo no respaldar una consulta popular? ¿Cómo no acudir al único poder real que existe en una democracia, el poder constituyente primario, el del pueblo? Petro lo ha entendido. Por eso recurre al mandato ciudadano, no por capricho, sino porque sabe que las reformas no pueden seguir dependiendo de las voluntades de burócratas del privilegio.
Y no está solo. La calle lo acompaña, las organizaciones sociales lo respaldan, los jóvenes, los trabajadores y los excluidos lo entienden. Porque esta no es solo una disputa de tecnicismos institucionales; es una confrontación histórica entre quienes quieren perpetuar el país de siempre y quienes luchamos por un país nuevo, justo, democrático, soberano y comprometido con la superación de la desigualdad, que hoy nos ubica de terceros en el ranquin del planeta con 24,8 puntos en el coeficiente de Gini, listado que emite el Banco Mundial.
Cepeda puede seguir rasgándose las vestiduras en nombre de la institucionalidad; Pero lo cierto es que la institucionalidad que él representa no ha hecho otra cosa que traicionar a las mayorías, cuidando a toda costa los privilegios de sus pares de clase. Y cuando la institucionalidad traiciona la voluntad popular, entonces es el pueblo el que tiene el deber y el derecho de redefinir las reglas del juego.
La consulta popular no es una amenaza. Es un derecho y una promesa. Una promesa de que Colombia, por fin, pueda hablar con su propia voz. Y esa voz, hoy, está del lado de Petro. Si a la consulta popular!
