Por: Fredy Ernesto Tovar Montenegro
Opinión
Mañana lunes será un día especial para la historia política de Colombia, pues las posibilidades de que por primera vez un ex-presidente sea condenado son demasiado altas. Sin embargo, no es necesario ser prestidigitador para vaticinar tres posibles escenarios.
Primero, Si Uribe es condenado o absuelto, habrá un recurso jurídico que solicitará revocar la decisión en primera instancia, para que sea nuevamente juzgado por una segunda instancia.
Segundo, indistintamente de la decisión de la Juez Luz Adriana Camargo, Uribe no irá a la cárcel; si es condenado, la defensa solicitará casa por cárcel.
Tercero, debido al perfil y la relevancia del procesado en la vida política de nuestro país, cualquier decisión que emita la juez va a ser criticada, rechazada y vituperada por buena parte de la opinión pública, probablemente aduciendo a razones de parcialidad y de intereses políticos. De cara a la absolución o condena, el sector de la sociedad que estará en desacuerdo con el veredicto seguramente desatará un potente arsenal de actos de protesta y rechazo al fallo en primera instancia.
El llamado que hacemos desde esta columna de opinión es a la cordura y al respeto por las instituciones. Lo que importa en un caso como este, es observar y evaluar si existe alguna duda frente a la manera como el proceso se desarrolló, los fundamentos que sustentan la decisión y solamente con base en estos elementos se podrían emitir juicios objetivos sobre si la sentencia, independientemente del sentido que tenga, es una sentencia bien fundamentada y una sentencia que respeta principios como la imparcialidad y la independencia de sus decisiones judiciales.
Ahora bien, si la crítica es parte de la libertad de expresión, son múltiples las campañas publicitarias y mediáticas fuertes, tanto en redes sociales como muchos medios tradicionales y oficiales de comunicación, incluyendo cuentas de figuras políticas de peso influyentes como congresistas y políticos intentando desautorizar los fundamentos del juicio y desautorizando directamente a la juez. Estas campañas buscan anticipadamente deslegitimar la decisión de la juez, si la misma no está alineada con los intereses de absolución del procesado. Quizás la más atrevida de todas fue la Columna del periodista Juan Lozano titulada “Jueza, absuélvalo”.
Esta intromisión, revestida de un tono moralizante y sentimental, debe prender alarmas, no solo porque normaliza la idea de que un periodista puede pedirle públicamente a una jueza cómo fallar, sino porque oculta deliberadamente el contexto judicial más amplio, pues Uribe no solo enfrenta este proceso, sino al menos cinco investigaciones activas por hechos de suma gravedad. Y lo que está en juego no es solo su libertad, sino el equilibrio entre justicia y poder en Colombia.
Es normal que un juicio de la envergadura que tiene el proceso judicial contra Uribe por fraude procesal y manipulación de testigos, experimente juicios paralelos desde la opinión pública. Esto pasa hoy en Colombia y ha pasado en otros casos similares en diferentes países. Lo que debemos tener claro como sociedad civil, es que quien decide y tiene toda la potestad en una estructura democrática y de estado social de derecho es la Juez.
Debemos abrazar la decisión que emita la juez y pedirle a Uribe que la acate dentro de los parámetros que le brinda el derecho. Recordemos que Uribe no solo es un ciudadano procesado a punto de una condena sino también un abogado que sabe muy bien de que se trata lo que le viene pierna arriba.
