Por: Andrés Calderón
Opinión
El paro organizado por el uribismo, usando como instrumento el cobro del predial, generó toda una polémica a nivel nacional, pero, sobre todo, una fuerte ola de desinformación que, afortunadamente para los colombianos y en detrimento de los intereses políticos de quienes lo suscitaron, sirvió para que la ciudadanía entienda un poco más acerca de la dinámica de este impuesto, del porqué y cómo se cobra, de a quiénes atañe esta responsabilidad. Es importante recalcar que este impuesto se compone de dos importantes factores: el avaluó catastral que orienta el IGAC y los porcentajes tarifarios que establecen los concejos municipales y los alcaldes, tarifas que, según la ley 044 de 1990, se establecen a razón de un tanto por mil con un piso y un techo claro.
Una vez aclaradas las dudas acerca de este hecho, creo importante que la sociedad colombiana discuta otras realidades alrededor de él, no de su estructura o de su existencia, eso ya está más que justificado, sino de los principales problemas para su cobro. Cuando volcamos la mirada hacia la realidad de la mayoría de los municipios de Colombia, encontramos una circunstancia que abruma, que pone en evidencia falencias para el desarrollo del territorio, y eso es la falta de capacidad institucional que, en este caso, decanta en la imposibilidad de los municipios para la consolidación de información y, a partir de allí, poder fortalecer sus fiscos. La incapacidad de los municipios para gestionar directamente sus catastros es casi nula; son normalmente las grandes ciudades las que tienen oficinas propias con algún grado de especialidad en el tema para poder llevar a cabo este proceso de forma más eficiente y constante.
Al no existir una periodicidad constante del catastro, no superior a 5 años, por lo menos, se corre el riesgo de no poder captar, por parte del impuesto, las dinámicas económicas que valorizan los predios a través del predial, perdiéndose posibilidades de aumento del recaudo y escondiendo esta realidad al contribuyente que, después, con las actualizaciones, siente la explosión de las tarifas en un solo cobro de porcentaje acumulado. El catastro multipropósito busca corregir este error, entregando posibilidades de actualización constante, pero su implementación es lenta; apenas si llega al 50% del territorio a pesar del esfuerzo de los dos últimos gobiernos para su implementación.
Otra realidad de a pie en este caso es, sin duda, la cultura del no pago, situación que se da por múltiples razones, entre las que puedo rescatar la falta de credibilidad del ciudadano hacia las alcaldías como gestoras responsables de los recursos públicos (la plata se la roban) y por eso no se ven incentivados a pagar. Por otro lado, tenemos también el cohonestar con prácticas como la elusión y la evasión, que parece que se han normalizado socialmente hasta el punto de no tener capacidad de control sobre ellas.
En el contexto de las elecciones y sus debates acerca de temas como, por ejemplo, el tamaño del estado, hay un gran sector de la sociedad que parece ser se inclina por las tesis neoliberales de la reducción del estado, pero de la forma más contradictoria: acuden a la lógica de querer sacar el mayor provecho de este, y eso es exigir al máximo su presencia, pero no tributar (por ejemplo, no pagar predial). Analizando al detalle este problema en los municipios, se encuentra uno con muchos casos de personas con imponentes casas de valores en miles de millones o lotes con metro cuadrado a más de 1 millón de pesos que pretenden seguir pagando 10 mil pesos de predial, absurdo.
