Por: Ana María Rincón Herrera
Opinión
La grandeza de una democracia se demuestra cuando quienes ganan gobiernan respetando la Constitución y quienes pierden ejercen una oposición firme, pero igualmente respetuosa de las instituciones. Ese equilibrio es el que garantiza la estabilidad de una nación.
Por eso generan preocupación las declaraciones atribuidas al senador Iván Cepeda, quien afirmó que no reconocería el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella si este no cumple una serie de condiciones previamente impuestas por él y, además, anunció que convocaría a la desobediencia civil pacífica si dichas exigencias no son atendidas.
En Colombia, nadie está obligado a compartir las ideas del Gobierno de turno. La oposición es un derecho constitucional y una pieza fundamental de cualquier democracia. Lo que resulta inquietante es que el reconocimiento de un gobierno legítimamente elegido se pretenda supeditar a exigencias políticas particulares, y no a la voluntad soberana expresada por millones de colombianos en las urnas.
La legitimidad de un presidente no nace de la aceptación de sus contradictores. Nace del voto ciudadano, del cumplimiento de la Constitución y del respeto por el orden democrático. Pretender lo contrario es desconocer uno de los principios más elementales sobre los cuales se sostiene nuestra República.
Si existen dudas sobre la actuación de cualquier servidor público, para ello existen las autoridades competentes, los organismos de control y los jueces. Son las instituciones, y no los ultimátums políticos, las llamadas a establecer responsabilidades cuando haya lugar a ello.
Como dirigente del Partido Salvación Nacional en el departamento del Huila y como colombiana comprometida con el fortalecimiento de nuestras instituciones, considero que el país necesita reducir el lenguaje de la confrontación y elevar el nivel del debate público. Colombia enfrenta enormes desafíos en materia de seguridad, desarrollo económico, generación de empleo y lucha contra la criminalidad. Esos son los asuntos que deberían ocupar la agenda nacional.
A todos los presidentes cuando llegan al poder, hay que exigirles resultados, transparencia y respeto absoluto por la Constitución. Ese control debe ejercerse con firmeza y sin concesiones. Pero también debe hacerse dentro de las reglas democráticas que todos estamos llamados a defender, independientemente de nuestras preferencias políticas.
Hoy, más que nunca, debemos recordar que la democracia no funciona porque todos pensemos igual. Funciona porque todos aceptamos las mismas reglas, incluso cuando el resultado electoral no coincide con nuestras expectativas.
Las diferencias ideológicas jamás pueden convertirse en una excusa para debilitar la institucionalidad. Colombia necesita una oposición responsable, un gobierno respetuoso de la ley y una ciudadanía que entienda que el camino para transformar el país siempre debe pasar por la Constitución, el diálogo democrático y el respeto por la voluntad popular.
Las condiciones para reconocer un gobierno no las fija un dirigente político. Las establece la Constitución. Y esa es una regla que todos, sin excepción, estamos llamados a respetar.
