Por: Franky Vega Murcia
Las democracias no se destruyen únicamente con tanques en las calles ni con golpes militares. En el siglo XXI también pueden erosionarse desde un micrófono, desde una cuenta de X o desde la tribuna presidencial. La historia demuestra que el mayor enemigo de las instituciones suele ser quien, habiendo jurado defenderlas, decide sembrar desconfianza sobre ellas cuando dejan de servir a sus intereses políticos.
Eso es precisamente lo que Colombia presencia en el ocaso del gobierno de Gustavo Petro. Por cuarta o quinta ocasión, el presidente saliente insiste en un discurso según el cual las elecciones presidenciales habrían sido objeto de un gigantesco fraude, producto de una conspiración internacional, manipulaciones algorítmicas e incluso de una supuesta intervención israelí. Son afirmaciones extraordinarias que, precisamente por su gravedad, exigen pruebas extraordinarias.
Hasta ahora, esas pruebas no han aparecido.
Lo que sí existe es una elección oficialmente certificada por las autoridades electorales colombianas, observada por misiones internacionales que no encontraron elementos para desconocer la voluntad popular y cuyos resultados fueron declarados válidos por las instituciones competentes.
La democracia no exige que todos estén conformes con los resultados. Exige algo mucho más importante: que quienes discrepan acudan a los mecanismos institucionales previstos por la Constitución y la ley.
El Estado de Derecho no funciona sobre la base de sospechas convertidas en consignas. Funciona sobre pruebas y allí radica la enorme contradicción.
El mismo sistema electoral que permitió la elección presidencial de Gustavo Petro en 2022, es el sistema que hoy pretende deslegitimarse cuando produjo un resultado distinto al esperado por el oficialismo. Resulta difícil sostener que las instituciones eran plenamente confiables cuando otorgaron la victoria propia, pero que se convirtieron súbitamente en un aparato fraudulento cuando favorecieron al adversario. Ese razonamiento no fortalece la democracia. La debilita.
Más preocupante aún resulta la narrativa utilizada para sustentar tales acusaciones. Se habla de algoritmos invisibles, conspiraciones internacionales, operaciones israelíes y “testigos digitales” cuya existencia y funcionamiento nunca han sido explicados con rigor técnico verificable.
En algunos escenarios incluso se han difundido cifras que generan serias dudas de consistencia, como referencias a cientos de miles de “poblaciones” inexistentes en el país, cuando Colombia cuenta oficialmente con 1.103 municipios certificados por el DANE y una organización electoral perfectamente delimitada. La precisión estadística no es un asunto menor cuando se pretende denunciar el mayor fraude electoral de la historia.
La democracia exige exactitud. No imaginación.
Más desconcertante aún resulta que quienes promueven estas hipótesis hayan llegado a sugerir que los ciudadanos debían “imaginar” cómo habría ocurrido el supuesto fraude. Pero las instituciones judiciales no administran justicia con imaginación. Lo hacen con evidencia documental, pericial, informática, testimonial y científica.
Una democracia seria no puede reemplazar la prueba por la narrativa, porque cuando el relato sustituye la evidencia, el debate político deja de desarrollarse en el terreno de los hechos para instalarse peligrosamente en el de las creencias. Y allí comienza la erosión institucional.
La Constitución Política ofrece múltiples instrumentos para controvertir actos electorales, denunciar delitos, solicitar investigaciones o acudir ante las jurisdicciones competentes. Es allí donde deben resolverse las controversias sobre la legitimidad de una elección.
No en una interminable sucesión de declaraciones públicas destinadas a mantener viva una sospecha cuya demostración sigue siendo esquiva.
La reiteración permanente de acusaciones sin respaldo suficiente termina produciendo un efecto devastador: millones de ciudadanos comienzan a desconfiar de instituciones cuya legitimidad constituye uno de los pilares fundamentales del Estado constitucional.
No se trata de proteger a un gobierno. Se trata de proteger las reglas del juego, porque mañana esas mismas instituciones deberán garantizar los derechos políticos de quienes hoy son oposición y de quienes hoy gobiernan.
Una democracia no puede sobrevivir si cada elección termina convertida en un acto de fe para unos y en un fraude para otros.
La paradoja resulta evidente, quien dice defender la democracia termina debilitando la confianza en el voto, quien afirma proteger la soberanía termina sembrando dudas permanentes sobre las instituciones nacionales, quien asegura luchar contra el autoritarismo termina promoviendo un ambiente en el cual únicamente son legítimos los resultados que coinciden con su propia visión política.
La democracia colombiana enfrenta enormes desafíos: corrupción, inseguridad, economías criminales, violencia contra líderes sociales, crisis fiscal y profundas fracturas sociales. Esos deberían ser los grandes debates nacionales, sin embargo, buena parte de la agenda pública ha terminado absorbida por una discusión permanente alrededor de un fraude cuya demostración continúa sin aparecer.
Esa circunstancia inevitablemente conduce a una pregunta política de fondo: ¿estamos frente a una genuina estrategia para esclarecer la verdad o frente a una narrativa que desplaza el centro de la discusión pública mientras el país enfrenta múltiples problemas de gobierno?, cada ciudadano responderá según su propio juicio.
Lo que sí resulta indiscutible es que ninguna democracia sale fortalecida cuando el principal portavoz del Estado convierte la sospecha en política de comunicación permanente.
La oposición es legítima; La crítica es indispensable; La denuncia es un derecho, pero ninguna de ellas puede reemplazar el deber elemental de probar aquello que se afirma, porque la democracia no se destruye cuando un candidato pierde una elección, comienza a deteriorarse cuando quienes ejercieron el mayor poder del Estado deciden que las instituciones solo son legítimas mientras les entregan la victoria.
Y ese precedente, cualquiera sea la ideología de quien lo promueva, constituye una de las amenazas más serias que puede enfrentar una República.
