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La Contraloría General de la República emitió una función de advertencia dirigida al Ministerio de Hacienda y Crédito Público por la acumulación de vencimientos de deuda pública que, según el análisis del ente de control, se concentrarán de manera significativa en el año 2029.
De acuerdo con el documento, para ese año el Gobierno Nacional tendría que atender pagos por concepto de amortizaciones que rondan los 89,6 billones de pesos, lo que configuraría un pico de obligaciones financieras en un mismo periodo. La Contraloría señaló que esta concentración representa un riesgo para la sostenibilidad de las finanzas públicas si no se adoptan medidas anticipadas de manejo fiscal.
En el análisis también se revisaron operaciones de liquidez realizadas entre finales de 2025 e inicios de 2026, entre ellas la compraventa de títulos TES por cerca de 23 billones de pesos. Aunque el ente de control determinó que dichas operaciones se ajustan a la legalidad vigente, advirtió que resultan inusuales por los montos transados con el fin de obtener liquidez inmediata.
La advertencia expone además que la estructura actual del presupuesto presenta un alto nivel de rigidez. Según la Contraloría, la suma de los pagos de deuda y los gastos obligatorios del Estado ubica la inflexibilidad presupuestal en un nivel cercano al 93 %, lo que reduce de manera considerable el margen disponible para inversión y nuevas iniciativas.El organismo de control indicó que, en el momento, el nivel de endeudamiento del país se mantiene dentro de los límites establecidos por la regla fiscal, con un indicador cercano al 57,8 por ciento del producto interno bruto. No obstante, advirtió que este comportamiento depende de variables como el crecimiento económico y la tasa de cambio, que pueden presentar variaciones en el corto y mediano plazo.Ante este panorama, la Contraloría instó al Ministerio de Hacienda a fortalecer desde ahora la gestión fiscal, con acciones orientadas a mejorar el recaudo, estimular el crecimiento económico y buscar condiciones financieras más favorables en los créditos internacionales, con el propósito de mitigar el impacto que podría generar la concentración de pagos prevista para 2029.
