Por: Danilo Andrés Arboleda
Opinión
La cercanía del 7 de agosto, fecha en la que Colombia conmemora la Batalla de Boyacá, nos invita a reflexionar sobre el significado de la independencia y sobre los desafíos que enfrenta hoy nuestra nación. Aquella victoria de 1819 no solo marcó el nacimiento de la República, sino que representó el anhelo de un pueblo por vivir en libertad, bajo el imperio de la ley y con instituciones capaces de proteger a sus ciudadanos. Dos siglos después, la pregunta sigue siendo pertinente: ¿qué tan libres somos cuando en buena parte del territorio nacional el miedo continúa imponiendo las reglas?
La seguridad no es un concepto exclusivo de militares o policías, ni un discurso reservado para los gobiernos de turno. Es la condición esencial para el ejercicio de todos los demás derechos. Un campesino que abandona su tierra por amenazas, un comerciante obligado a pagar extorsiones, un transportador que teme recorrer una carretera o un empresario que decide no invertir por falta de garantías son ejemplos de una libertad limitada por la violencia y la ausencia efectiva del Estado.
En los últimos años, Colombia ha experimentado un deterioro preocupante de la seguridad en varias regiones. Los grupos armados ilegales han fortalecido sus capacidades, ampliado su influencia territorial y diversificado sus economías criminales mediante el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el contrabando. Mientras tanto, muchas comunidades viven entre el abandono institucional y el control ejercido por organizaciones que desafían la autoridad legítima del Estado.
La seguridad no puede seguir siendo interpretada desde posiciones ideológicas. No pertenece a la derecha ni a la izquierda; pertenece a todos los colombianos. Ninguna sociedad puede aspirar al desarrollo cuando sus ciudadanos viven bajo el temor permanente. No existe inversión sostenible donde predominan la incertidumbre y la violencia. No hay turismo donde las carreteras son inseguras. No florece el emprendimiento donde las organizaciones criminales cobran impuestos ilegales. Tampoco puede consolidarse una paz verdadera cuando el crimen organizado reemplaza la presencia institucional.
Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional constituyen uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia. Su misión trasciende la confrontación armada; consiste en garantizar que el Estado pueda ejercer su autoridad en todo el territorio nacional y proteger los derechos y libertades de los ciudadanos. Esa misión requiere respaldo político, recursos suficientes, tecnología, inteligencia, capacitación permanente y, sobre todo, confianza por parte de la sociedad. Una fuerza pública debilitada o desmoralizada termina generando vacíos que rápidamente son aprovechados por quienes viven de la ilegalidad.
Sin embargo, sería un error pensar que la seguridad depende únicamente del uso legítimo de la fuerza. También exige una justicia pronta y eficaz, instituciones transparentes, oportunidades económicas, infraestructura, educación y una presencia integral del Estado que transforme las condiciones que facilitan la expansión de las economías criminales. La seguridad moderna es multidimensional: protege la vida, fortalece la economía, garantiza la gobernabilidad y crea las condiciones necesarias para el desarrollo social.
El 7 de agosto no debería ser únicamente una fecha para recordar una victoria histórica. Debería convertirse en una oportunidad para reafirmar un compromiso nacional con la defensa de la institucionalidad, el respeto por la Constitución y la recuperación de la autoridad legítima del Estado en cada rincón del país. La independencia no se preserva únicamente con actos protocolarios ni con desfiles militares; se mantiene viva cuando cada colombiano puede vivir, trabajar, producir y movilizarse sin miedo.
La historia enseña que los países más prósperos son aquellos que lograron consolidar instituciones fuertes y garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Colombia no será la excepción. El crecimiento económico, la inversión, la generación de empleo y la reducción de la pobreza dependen, en gran medida, de que recuperemos la confianza en nuestras instituciones y la capacidad del Estado para proteger a la población.
Honrar la memoria de quienes hicieron posible nuestra independencia significa comprender que la libertad nunca está garantizada de manera permanente. Debe defenderse todos los días con instituciones sólidas, con una justicia efectiva y con una política de seguridad coherente que coloque al ciudadano en el centro de las decisiones públicas.
Porque la seguridad no es el fin de la democracia; es la condición que hace posible que la democracia exista. Allí donde el Estado renuncia a ejercer su autoridad, otros imponen la suya mediante la violencia. Y cuando eso ocurre, la primera víctima siempre es la libertad de los ciudadanos.
Colombia debe asumir el desafío de construir un futuro donde la seguridad deje de ser una aspiración y se convierta, por fin, en una garantía real para todos. Solo así podremos decir que el legado de Boyacá sigue vivo y que la independencia conquistada continúa teniendo sentido para las nuevas generaciones. Porque donde el Estado pierde la seguridad, los ciudadanos terminan perdiendo su libertad.
