Por: Danilo Andrés Arboleda
Opinión
La eficiencia del Estado se mide, en buena medida, por su capacidad de respuesta ante las circunstancias de tiempo, modo y lugar. En este sentido, no basta con contar con normas, procedimientos o instituciones, sino que también es necesario establecer qué tan rápido se tramitan las solicitudes, se resuelven los recursos y se ejecutan los proyectos. Pero, sobre todo, resulta imperativo evaluar qué tan oportunamente responde el Estado cuando los ciudadanos enfrentan situaciones extraordinarias.
Justamente para atender estos escenarios, la Constitución Política de Colombia contempla mecanismos excepcionales para circunstancias que, por su gravedad, no pueden ser solventadas de manera suficiente mediante las herramientas ordinarias. Se trata de los llamados estados de excepción, regulados principalmente por los artículos 212, 213 y 215 de la Constitución y reglamentados por la Ley 137 de 1994.
De manera específica, nuestra Carta Política establece tres modalidades: el estado de guerra exterior (artículo 212); el estado de conmoción interior (artículo 213); y el estado de emergencia económica, social y ecológica (artículo 215).
Ahora bien, es fundamental comprender que estos mecanismos no constituyen una licencia para gobernar fuera de la normalidad constitucional. Por el contrario, son instrumentos extraordinarios, sometidos a requisitos, controles y límites precisos, destinados exclusivamente a enfrentar situaciones cuya gravedad y magnitud vuelven ineficaces las vías ordinarias.
En la actualidad, la circunstancia que ocupa nuestra atención ocurrió en la mañana del 10 de agosto, cuando la furia de la naturaleza sacudió nuestro territorio. Un fuerte sismo, con epicentro en el municipio de San José del Palmar (Chocó), se sintió en amplias zonas del país y causó graves afectaciones, en particular en el occidente colombiano y en diversos sectores del Eje Cafetero.
Más allá de la magnitud del fenómeno natural, lo que verdaderamente está en juego hoy es la capacidad de respuesta del Estado.
Por consiguiente, una tragedia de estas proporciones exige mucho más que declaraciones públicas. Requiere, en cambio, una estricta coordinación entre la Nación y las autoridades territoriales; capacidad de búsqueda y rescate; atención médica oportuna; protección de la población damnificada; restablecimiento de los servicios públicos y recuperación de la infraestructura. En definitiva, demanda decisiones ágiles que permitan salvar vidas y evitar que la emergencia se profundice.
Es precisamente en coyunturas como esta cuando adquiere plena vigencia la discusión sobre el artículo 215 de la Constitución, que permite declarar el estado de emergencia ante hechos que perturben gravemente el orden económico, social o ecológico, o ante la configuración de una calamidad pública.
Bajo esta premisa, la pregunta no es solamente qué tan eficiente es el Estado en tiempos de normalidad, sino qué tan rápido, coordinado y eficaz puede actuar cuando esa normalidad desaparece.
A fin de cuentas, frente a una tragedia, el ciudadano no mide al Estado por el volumen de su burocracia, sus decretos o sus discursos. Lo evalúa por factores mucho más tangibles: el tiempo que tarda en llegar la ayuda, la capacidad para proteger la vida y la celeridad con la que se inicia la reconstrucción. Es allí donde la eficiencia deja de ser un mero concepto administrativo para convertirse en una obligación ética y concreta frente a la sociedad.
En medio de esta crisis, observamos a los funcionarios del nuevo Gobierno activos, dispuestos a responder y a asumir el reto. Si bien no podemos desconocer que reciben un aparato estatal con enormes desafíos institucionales y que, en el caso de la UNGRD, las deficiencias son tan evidentes que se encontró “la olla raspada” o, peor aún, se llevaron hasta la olla, una emergencia de esta magnitud no admite excusas ni cálculos políticos. Al contrario, exige capacidad, coordinación y resultados que vemos casi de inmediato.
Sin duda alguna, esta es una prueba de fuego para el denominado Dream Team Defensores de la Patria; una prueba que debería interpelarnos a todos, sin distingo de ideologías, partidos o corrientes políticas.
Y es que, cuando la tierra tiembla, las diferencias ideológicas pierden relevancia, caen las fronteras y se derriban las barreras. En esos momentos, nos abrazamos de alegría al celebrar la vida en un rescate, sin preguntar si la mano que ayuda o el rescatado es de derecha o de izquierda. Cuando una comunidad sufre, no le interesa a qué partido pertenece el gobierno de turno; simplemente espera que el Estado se haga presente.
Por todo lo anterior y por encima de cualquier polarización, este momento debe convocarnos en torno a la hermandad, la identidad de pueblo y el patriotismo. Colombia necesita menos confrontación y más cooperación; menos discursos y más respuestas; menos protagonismo político y más presencia efectiva en los territorios.
En conclusión, la grandeza de un Estado no se demuestra cuando todo funciona perfectamente, sino cuando todo se pone a prueba.
Y hoy, indiscutiblemente, Colombia y el nuevo gobierno están siendo puestos a prueba.
