Por: Carlos Ernesto Álvarez Ospina
Opinión
Hablar del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Neiva es hablar, quizás, de la decisión más difícil que ha tenido cualquier alcalde de la ciudad en los últimos años. No porque sea un tema exclusivamente técnico, sino porque inevitablemente toca intereses económicos, sociales, ambientales y políticos. Un POT nunca dejará satisfechos a todos. Siempre habrá quienes ganen y quienes sientan que pierden; propietarios inconformes con el uso asignado a sus predios, constructores que esperaban mayores posibilidades de expansión, ambientalistas que exigirán más protección y ciudadanos que reclamarán otras prioridades. Esa es precisamente la esencia del ordenamiento territorial: encontrar un equilibrio entre intereses legítimos que muchas veces son contrapuestos.
Lo que sí resulta difícil de entender es que, siendo una necesidad reconocida por todos, Neiva continúe aplazando una decisión que hace años debió adoptarse. El POT vigente fue aprobado mediante el Acuerdo 026 de 2009 y desde entonces la ciudad ha cambiado profundamente. Han surgido nuevas dinámicas de crecimiento urbano, mayores retos ambientales, nuevas necesidades de vivienda, cambios en la movilidad, en la infraestructura y en la prestación de servicios públicos. La misma Administración Municipal ha reconocido oficialmente que la ciudad requiere una actualización integral de este instrumento para responder a las realidades actuales. No es un capricho político; es una necesidad técnica respaldada por la Ley 388 de 1997, que establece el ordenamiento territorial como el principal instrumento para orientar el desarrollo físico de los municipios y prevé su revisión cuando las condiciones del territorio así lo exijan.
Sin embargo, durante más de quince años hemos visto desfilar administraciones de diferentes corrientes políticas que anunciaron estudios, diagnósticos y revisiones, pero ninguna asumió la responsabilidad de llevar el proceso hasta las últimas consecuencias. Y quizás la explicación sea muy sencilla: ningún alcalde ha querido pagar el costo político de una decisión que inevitablemente genera amores y desamores. Es mucho más cómodo dejar el problema para el siguiente gobierno que asumir el desgaste de tomar una determinación que será cuestionada por distintos sectores.
Hoy esa responsabilidad recae sobre el alcalde Germán Casagua. No me corresponde decir cuál debe ser el contenido del nuevo POT ni defender cada una de sus disposiciones; esa discusión debe darse con argumentos técnicos, participación ciudadana y transparencia. Lo que sí considero es que la ciudad ya no puede seguir aplazando esta decisión por temor a las críticas. Gobernar no consiste únicamente en administrar lo cotidiano o en tomar decisiones populares; gobernar también implica asumir riesgos cuando el interés general lo exige.
El Ministerio de Vivienda ha reiterado que el POT es la herramienta que define cómo crecerá una ciudad, dónde podrá construirse, qué áreas deberán protegerse, cómo se planificará la infraestructura y de qué manera se garantizará un desarrollo sostenible para las próximas décadas. En otras palabras, el POT no se diseña para un período de gobierno, sino para el futuro de toda una generación. Por eso, el verdadero debate no debería centrarse en si la decisión traerá costos políticos, porque seguramente los traerá. La pregunta que deberíamos hacernos es mucho más importante: ¿queremos seguir administrando la Neiva de 2026 con reglas pensadas para la ciudad de 2009?
Ojalá esta vez prevalezca el liderazgo sobre la comodidad política. Porque las ciudades que progresan no son aquellas donde todos terminan contentos; son aquellas donde sus gobernantes entienden que hay decisiones que simplemente no pueden seguir esperando. Y el nuevo POT de Neiva, nos guste o no, es una de ellas.
