Por: Danilo Andrés Arboleda
Lo ocurrido recientemente en la vereda La Palma, en jurisdicción rural del municipio de Suaza, no representa un hecho aislado ni una anomalía fortuita en la historia reciente de la región. Por el contrario, este violento episodio constituye el trágico, doloroso y predecible síntoma de un hartazgo generalizado que recorre de norte a sur las montañas y valles del departamento del Huila. Cuando presuntos integrantes de una estructura disidente de las FARC citaron bajo coacción a campesinos, microempresarios y pequeños comerciantes locales con el fin de imponerles la tiranía económica de la extorsión y el “boleteo”, la tensión acumulada durante meses finalmente estalló. En medio de la indignación, una de las víctimas civiles —un reconocido comerciante de motocicletas de la zona — intentó defender su patrimonio y reaccionó frente a las intimidaciones de los delincuentes. La respuesta de los criminales fue inmediata y letal: lo asesinaron en el acto. Ante este nivel de sevicia, una comunidad históricamente acorralada, desprotegida y superada por la desesperación decidió no callar más y tomó la justicia por sus propias manos mediante un linchamiento colectivo masivo. El saldo definitivo de esa trágica jornada fue de seis personas muertas: el líder comunitario asesinado y cinco presuntos extorsionistas abatidos por la turba, además del vehículo en el que estos últimos se movilizaban reducido por completo a cenizas. El mensaje enviado por la ciudadanía huilense fue crudo, desesperado pero absolutamente cristalino: la base social está civilmente extenuada de esta situación y, con justa razón, exige un actuar contundente, simétrico e inmediato de la Fuerza Pública.
Esta pesadilla de zozobra, chantaje monetario y control social soterrado no es, bajo ninguna circunstancia, exclusiva del municipio de Suaza. Es una cruda realidad estructural que se replica con variaciones apenas imperceptibles en múltiples rincones del Huila, desde las fronteras cafeteras de Pitalito hasta las llanuras golpeadas de Algeciras. De hecho, resulta profundamente frustrante para cualquier habitante de este territorio experimentar a diario la dolorosa paradoja que define nuestro presente económico. El Huila es un líder indiscutible a nivel nacional e internacional, consolidado como el mayor productor de café de especialidad de Colombia, destacando con orgullo tanto en volumen como en calidades excepcionales de taza que conquistan los mercados globales más exigentes. No obstante, surge una pregunta inevitable que carcome el espíritu productivo de la región: ¿de qué sirve tanto esfuerzo cotidiano, tantas madrugadas a la intemperie, tanta inversión técnica y tanto orgullo agrícola familiar si las ganancias legítimas de las cosechas terminan secuestradas en los bolsillos de los frentes de las disidencias, la delincuencia común y el crimen organizado transnacional? Aunque con frecuencia se exhiben balances, capturas aisladas y estadísticas optimistas por parte del Gobierno Nacional desde las cómodas oficinas de Bogotá, los huilenses no pueden alimentar a sus familias ni proteger sus vidas con cifras abstractas o discursos institucionales lejanos. Lo que el territorio reclama a gritos es contundencia operacional verificable aquí, sobre la geografía real de nuestras veredas y cascos urbanos.
Para analizar con objetividad la raíz de esta crisis, es necesario reconocer que la seguridad regional sufrió un quiebre estratégico profundo. Si bien es cierto que durante un prolongado periodo de cese al fuego y diálogos políticos se congelaron de forma sustancial las operaciones militares ofensivas en el departamento, la parálisis institucional le permitió a los grupos al margen de la ley fortalecer sus finanzas, reclutar menores y consolidar corredores de movilidad estratégica. Reconstruir la inteligencia del Estado, reactivar las redes de cooperantes y afilar nuevamente las herramientas estratégicas y judiciales de la noche a la mañana es un desafío logístico de altísima complejidad. Es comprensible, desde una perspectiva puramente técnica y militar, que intentar recuperar en un lapso breve de 85 días el terreno, la legitimidad institucional y el control territorial que se dejó deteriorar de manera progresiva durante casi cuatro años —equivalentes a 1.460 días de repliegue táctico implícito— constituye una tarea titánica para los mandos regionales. No obstante, ¿cómo se le explica con solvencia esta justificación técnica, esta “curva de aprendizaje” institucional y este proceso de recuperación táctica a los comerciantes minoristas que cierran sus negocios por miedo, a los transportadores de carga pesada que son incinerados en las vías o a los pequeños agricultores que deben pagar una cuota extorsiva por cada bulto de café recolectado? Son ellos quienes generan el empleo real del departamento, quienes sostienen la debilitada economía del Huila a pesar de las adversidades y quienes, de manera trágica y solitaria, están poniendo el pecho y la vida frente a los fusiles desalmados de sus verdugos.
Por consiguiente, la coyuntura actual del Huila no resiste más dilaciones ni pausas contemplativas. Se necesita con carácter urgente el despliegue de una operatividad militar y policial abrumadora, visible y de carácter permanente por parte de las fuerzas del orden. Aun así, la experiencia histórica colombiana nos ha enseñado con creces que la simple presencia física de tropas de infantería en las carreteras o el patrullaje esporádico en los cascos urbanos no son suficientes para arrancar de raíz el fenómeno delictivo. Nada se logra de manera sostenible en el tiempo sin el respaldo de una inteligencia estatal dominante, tecnificada y proactiva que sea capaz de anticiparse a la comisión del delito, interceptar las comunicaciones criminales y ahogar los flujos de financiación ilegal. Esta ofensiva de inteligencia debe trabajar de forma perfectamente articulada con un sistema de judicialización estricto, ágil y eficaz. La meta de las autoridades judiciales no debe limitarse a la captura masiva del eslabón más débil de la cadena —los cobradores o delincuentes comunes instrumentados—, sino al desmantelamiento estructural y definitivo de las redes criminales desde sus cabecillas de finanzas y de bloque, golpeando con severidad sus economías ilícitas mediante procesos contundentes de extinción de dominio.
Además de los irreparables costos en vidas humanas y en la salud mental colectiva de las comunidades rurales, la persistencia de la inseguridad nos está arrebatando de forma sistemática el porvenir económico del departamento. El Huila cuenta con una oferta turística y cultural de talla mundial. Atractivos únicos de valor arqueológico y paisajístico incomparable como el Parque Arqueológico de San Agustín, el imponente Desierto de la Tatacoa, las maravillas naturales del municipio de Paicol o la majestuosidad de la represa de El Quimbo deberían consolidarse hoy mismo como motores inagotables de inversión extranjera, empleo juvenil y desarrollo sostenible para toda la región. Pero aterricemos la discusión en la realidad material que enfrentamos: ¿qué turista nacional o extranjero se va a animar a viajar por carretera con su familia, o qué empresario serio va a arriesgar su capital para invertir en infraestructura turística dentro de un territorio controlado soterradamente, bajo la sombra de la impunidad, por el constreñimiento ilegal y la extorsión periódica? La inseguridad no solo destruye el presente; destruye la viabilidad económica de las próximas generaciones al aislar geográficamente al Huila de los circuitos económicos sanos del país.
En conclusión, el departamento del Huila no puede, ni debe bajo ninguna circunstancia constructiva, resignarse a seguir siendo el cajero automático del terrorismo rural ni el lamentable y salvaje escenario donde los ciudadanos honestos, sintiéndose abandonados a su propia suerte institucional, se vean arrastrados por la desesperación a defenderse con sus propias manos utilizando la violencia civil como último recurso de supervivencia. El Huila requiere, con carácter imperativo, que los anunciados éxitos operacionales de corte nacional se traduzcan de manera tangible en paz cotidiana, tranquilidad comercial y control soberano de corte regional en cada uno de sus 37 municipios. El tiempo político y social se agota aceleradamente, la economía regional se asfixia bajo la presión financiera del chantaje ilegal y la paciencia de los huilenses, tal como quedó dolorosa y sangrientamente demostrado en los campos de Suaza, ya cruzó de manera definitiva e irrevocable la línea de no retorno. El Estado debe ocupar los espacios vacíos de inmediato, o la barbarie terminará por devorar los últimos vestigios de institucionalidad en el sur de Colombia.
