Por: Fredy Ernesto Tovar Montenegro
Opinión
En las redes encontré un meme que invitaba a la reflexión que a continuación comparto. Por décadas, las notarías han sido vistas como garantes de la legalidad y la seguridad jurídica en los procesos civiles y comerciales. Autenticaciones, escrituras, declaraciones, poderes, registros y certificaciones han pasado y siguen pasando por el tamiz de un notario. Sin embargo, en pleno año 2025 cuando el desarrollo tecnológico digital ha diseñado la blockchain, la inteligencia artificial, el dinero digital, la firma electrónica, los tramites y el trabajo digital y los sistemas de interoperabilidad estatal son una realidad funcional, cabe preguntarnos con urgencia, ¿por qué siguen existiendo las notarías como un intermediario obligatorio y costoso en procesos que ya pueden ser totalmente digitales y automáticos?
El sistema notarial en Colombia no solo es burocrático y arcaico, sino profundamente elitista. A pesar que las notarías funcionan como entidades privadas que prestan un servicio público, en la práctica operan como feudos heredados; una minoría privilegiada accede a estos cargos vitalicios mediante procesos que, aunque formalmente regulados, reproducen clientelismo político y concentración de capital. En el 2023 más de 900 notarías estaban funcionando generando ganancias multimillonarias para sus titulares a partir de trámites obligatorios que, en su mayoría podrían ser automatizados y digitalizados.
Hoy día, la tecnología permite prescindir de la función notarial en al menos el 80% de los trámites. Países como Estonia, Dinamarca, Singapur, Suecia, Alemania, Suiza, entre otros, ya lo han demostrado; el uso de firmas digitales, sistemas interoperacinales en línea entre entidades del estado, identificación biométrica, certificados electrónicos, han permitido realizar procesos como compraventa de inmuebles, constitución de empresas, sucesiones y trámites civiles sin la intervención de un notario.
Incluso en Colombia, donde el avance ha sido más lento, ya existe el marco legal para aplicar tecnologías equivalentes. La Ley 527 de 1999 regula la firma digital, y la Ley 2213 de 2022 fortaleció la virtualización de procesos judiciales y administrativos. Además, la Superintendencia de Notariado y Registro ha implementado parcialmente la escritura pública electrónica desde 2020, pero el avance es desigual, limitado y en muchos casos, saboteado por la resistencia de los propios notarios que temen perder su monopolio.
¿Por qué seguir obligando a los ciudadanos a pagar cientos de miles de pesos por actos que un software puede verificar y registrar en segundos? ¿Por qué mantener un sistema que implica filas, papeles físicos, citas presenciales y tarifas ocultas, cuando ya existen plataformas seguras para validar identidad, propiedad y consentimiento sin intermediarios humanos?
La respuesta es simple, politiquería e intereses creados. Las notarías siguen existiendo no porque sean necesarias, sino porque representan un negocio multimillonario respaldado por la clase política tradicional y su poder. Su eliminación o transformación digital integral implicaría una pérdida de privilegios para una clase jurídica que durante décadas ha vivido del trámite forzoso, en contubernio con la clase política encargada de mantenerlos en sus privilegios.
En un país donde la transformación digital avanza, donde los ciudadanos firman contratos en línea, realizan pagos desde el celular y presentan demandas judiciales por internet, obligar a alguien a ir a una notaría para autenticar un papel es simplemente absurdo. Es tiempo de abrir el debate con seriedad y valentía.
Colombia no necesita más notarías; necesita un sistema jurídico ágil, digital y al servicio del ciudadano, no de las élites notariales.
PD: Me sumo al coro de aplausos por los 3 años de circulación de La Última!! Un medio digital que respeta la libertad de opinión , alejado de editoriales arrodillados . Larga vida para La Última!!!
