Redacción La Última
La Administración municipal le salió al paso a la información periodística divulgada por RTVC Noticias donde los acusaba de autosabotearse para suspender el convenio de actualización catastral e incurrir supuestamente, en un detrimento patrimonial dejando de percibir cerca de $100 mil millones de impuesto predial. La administración ha dicho que la información está tergiversada.
El alcalde de Neiva German Casagua junto a su equipo de asesores jurídicos, le explicaron a la última.com.co cual es el transfondo de este caso. “Resulta muy sospechosa la tergiversación tan grande que ha habido y la presentación a los medios de comunicación de la decisión del Tribunal, consistente en decretar la medida cautelar sobre el convenio suscrito entre el municipio y la Esip para la actualización catastral”, señaló el mandatario local
Casagua Bonilla advirtió que el fallo de la Procuraduría llegó a solo 15 días de haberse posesionado, y como tal acató la decisión judicial ” no fue un capricho personal, fue una decisión en derecho y como tal debo acatarla”, y agregó ” es falso decir que el municipio de Neiva por labores de la administración municipal va a tener un detrimento y una pérdida de 100 mil millones de pesos porque así lo ordenó el Tribunal, es equivocado; el Tribunal lo que dijo fue, hay que suspender la ejecución del convenio que pactó la actualización catastral por razones de moralidad pública y en defensa del patrimonio público y de la ley, en razón a que se violaron los procedimientos de ley de manera tal que no corresponde con la realidad”, afirmó Casagua
Según el abogado William Alvis, la suspensión del convenio con la Esip tiene detrás una serie de evidencias y irregularidades que soporta jurídicamente su ilegalidad, “el Tribunal encontró a raíz de la decisión que presentó la Procuraduría serias dudas sobre la legalidad de ese convenio; por ejemplo, que no era un convenio sino un contrato interadministrativo, esto es, que no era un contrato de apoyo entre la Esip y el municipio sino un negocio, una actividad conmutativa, se presta un servicio y se cobra por el y no cualquier peso, sino miles de millones de pesos, endeudando al municipio de Neiva por más de 15 años”, aseveró.
Y añadió, “segundo, se comprometieron vigencias futuras que el municipio tendrá que pagar año a año durante quince años, y sin ir al Concejo Municipal, sin una autorización, la Esip cuando se constituyó como sociedad de economía mixta y se aprobó su autorización en el Concejo municipal, jamás tuvo en su objeto la realización de actualización catastral, su función era la de ser el prestador del servicio público de alumbrado”.
A esos argumentos le sumó que no existen certificados de disponibilidad presupuestal, ni registro presupuestal que garanticen el pago de la actividad y que son necesarios para cualquier obligación económica a la que se comprometa el municipio. “Toda una serie de irregularidades que no son las que considera el municipio, sino que encontró probadas el tribunal y razón por la cual decreto la medida cautelar, habrá que esperar la decisión de segunda instancia del consejo de Estado porque la decisión del tribunal fue apelada”, concluyó.
“No somos mayoría en la junta”
El alcalde de los neivanos aclaró que pese a tener el 52 por ciento de las acciones, el municipio no tiene poder de decisión, de acuerdo a los estatutos diseñados y creados en la administración anterior,la junta la conforman dos miembros de la empresa Esip y sus respectivos suplentes; dos delegados de la alcaldía y sus suplentes y una quinta persona que salió de una terna presentada por la empresa privada y elegida por la administración municipal.
De otro lado, pese a que la administración está obligada a adelantar la actualización catastral y según el alcalde Casagua Bonilla, su gobierno está en capacidad de adelantar la actualizacion, por ahora no se ha ejecutado nada hasta tanto la Sala Tercera del Consejo de Estado defina la situación jurídica y determine la nulidad o no del convenio. Agregó además, que la empresa Esip no ha entregado ningún reporte de viviendas en el marco de la actualización catastral
