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Procuraduría investiga irregularidades en proceso de selección para la ejecución del PAE en Neiva

Neiva

El Procurador Regional de Instrucción del Huila, Diego Alexis Tello, solicitó la suspensión preventiva del proceso de contratación del Programa de Alimentación PAE 2025 de la ciudad de Neiva, avaluado en en mas de 18.500 millones de pesos, por presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación donde supuestamente viola los principios fundamentales de la contratación estatal y por el contrario podría estar favoreciendo a empresas que además están vinculadas supuestamente con el paramilitarismo.

El pasado 27 de enero, el ministerio público emitió la acción preventiva tras recibir una serie de denuncias sobre posibles irregularidades en la licitación. Ante ese panorama la procuraduría le solicitó a María Angélica Duarte, jefe de la oficina de contratación del municipio, un informe detallado sobre el avance del proceso y los motivos jurídicos para que el ente territorial solicita como garantía extra un cupo de endeudamiento adicional a la exigencia y que el proponente garantice el capital de trabajo siendo igual o mayor al valor del presupuesto del contrato.

La Procuraduría solicitó adicionalmente un informe donde se detalle de manera clara el estudio técnico tenido en cuenta para establecer y estructurar el presupuesto del proceso que busca suplir las necesidades del PAE para el 2025; describir de manera clara y con documentos y soportes con lo que el ente territorial se fundamentó para establecer el índice de liquidez mayor o igual a 6.

Con esta acción, Tello Esquivel pretende garantizar que tanto la Oficina de Contratación, la secretaria de Educación y el propio Alcalde de la ciudad Germán Casagua, respondan a las inquietudes para asegurar la transparencia en el proceso de contratación del Programa de Alimentación PAE. Advirtió además que si es necesario, se suspenda el proceso hasta que se aclaren las dudas.

Concejal Johan Steed lo había anunciado

Las denuncias ya las había hecho en los últimos días, las veedurías ciudadanas y el concejal Johan Steed Ortíz, quién detalló que el órgano de control le pidió a la Jefe de Contratación del Municipio, María Angélica Duarte, enviar información referente al caso, explicando algunas de las condiciones que se establecieron como requisitos, en este pliego. Una de estas condiciones establece la capacidad de endeudamiento por encima de 4.000 millones de pesos, por lo que el Procurador interrogó por las razones para hacer esta exigencia.

Así mismo, el concejal se inquietó por el permiso del Ministerio de Trabajo para el tiempo laboral del personal operativo que se exige y pidió explicación de por qué se solicitan como requisito, tener 20 códigos UNSPC, que aunque tienen alguna relación con alimentos, no lo tienen de forma directa con la prestación del servicio de alimentación escolar; incluido uno último que se agregó esta semana, relacionado con “servicio de comida para llevar a domicilio”.

En este sentido, Johan Steed Ortíz, le pidió a la secretaria de Educación, Natalia Rodríguez, al líder del proceso, Camilo Durán, a la jefe de Contratación, María Duarte, y al alcalde Germán Casagua, pronunciarse sobre estas denuncias.

“Ellos deben salir a pronunciarse y explicar por qué se están estableciendo estos requisitos, que solo cumplen unos oferentes, y si existe un compromiso y relación directa con estas empresas. Porque sino es así, pues deben modificar las condiciones para brindar una pluralidad de ofertas. Porque el riesgo que corremos es que pase lo mismo que ha ocurrido en otras regiones con las empresas de alias Morrongo, y es que son denunciadas por mala calidad en los alimentos y en la prestación del servicio”, dijo el concejal.

Y es que las denuncias con este proceso, tendrían que ver con el presunto favorecimiento o direccionamiento que se estaría generando, desde los pliegos de condiciones, para beneficiar que la empresa Ardiko y la Fundación Horus Vita, quienes serían las únicas en cumplir los requisitos. Estas empresas ya se ganaron el PAE de Pitalito, por más de 8.000 millones de pesos, en un proceso que también recibió denuncias similares.