Por: Fredy Ernesto Tovar Mintenegro
Hace ya casi ocho años se firmó el tratado de paz del Colón, entre el Estado Colombiano y las extintas guerrillas de las FARC, que hoy son un partido político más, aunque las disidencias se constituyen actualmente como un grupo armado que delinque, abrogándose el derecho ser tratados como insurgentes. Con todo lo anterior, debemos reconocer que el conflicto continúa, pero de manera distinta, como distinto es el País; Colombia ya no es la misma. El fenómeno de las movilizaciones juveniles que desenfrenaron el estallido social, fueron caldo de cultivo para el gran logro de más de once millones de votos eligiendo por primera vez un gobierno alternativo democrático y si se quiere, de izquierda, sacando al uribato del gobierno, imponiendo el giro histórico hacia el progresismo democrático.
Podemos identificar como grandes avances producidos por el acuerdo, la creación de mecanismos de Justicia y búsqueda de la verdad, que vienen visibilizando/denunciando un sinnúmero de crímenes de Estado, violaciones sistemáticas a los derechos humanos por parte del Ejercito Nacional y las instituciones civiles armadas de Colombia, usando el terror desde las élites para robarse lo público, privatizando, acumulando tierras por medio del despojo, en contubernio con las mafias narcoparamilitares y las empresas multinacionales, así como hechos de corrupción desfalcando el erario.
El grupo selecto y cerrado de oligarcas que se han adueñado del país usando la violencia, encuentran en la guerra un negocio sumamente lucrativo. Estos sectores multimillonarios y reaccionarios, incluso fachos, que se declararon en oposición a la negociación con las FARC, son los mismo que le ponen el palo a la rueda en el intento de construcción de la paz total, saboteando la aprobación de las reformas estructurales propuestas por el gobierno en el Congreso, para beneficio de las grandes mayorías de la población.
Frecuentemente se autodefinen como “gentes de bien”, y en paralelo esconden sus riquezas obtenidas con violencia, narcotráfico y corrupción, manchadas de sangre popular e inocente, esos mismos, no tienen la mínima intención de ceder sus privilegios, mucho menos devolver lo robado, especialmente la tierra; “Nos obligan a las formas más radicales para ir por la tierra” afirmó el Presidente Petro.
Su capacidad descarada de utilizar medios legales y de los no tan legales, para detener las transformaciones estructurales que combaten la inequidad, la exclusión y la impunidad, causales fundamentales del conflicto social y armado en nuestro territorio, son la estrategia elegida para mantener el Status Quo.
Por mucha actitud, compromiso y voluntad política, con esta nueva manera de gobernar y la buena fe del gobierno frente a los acuerdos, estamos lejos de cumplirlos a cabalidad, estamos lejos de lograr los compromisos firmados hace ya más de ocho años.
Si bien debemos reconocer que las FARC vienen cumpliendo sus compromisos al haber migrado de fuerza armada insurgente a partido político, como lo hace constar el Consejo de Seguridad de la ONU; No podemos afirmar de igual manera que el Estado Colombiano roto y secuestrado por esas élitesl, este a paz y salvo con sus compromisos firmados en el acuerdo.
Sin intención de enlodar más el escenario, la realidad es que una cifra superior a 450 excombatientes que firmaron el Acuerdo de Paz y entregaron su armamento a la ONU, han sido asesinados, junto a esta cifra que aumenta continuamente, ya van más de 1650 personas con liderazgos sociales víctimas de las balas de los enemigos de la Paz.
El camino de la guerra, la ruta de atizar el fuego para que el conflicto bélico sea perenne, ya perdió su respaldo popular y es una alternativa insostenible y absurdamente posible, pues más de setenta años de guerra fratricida son suficientes para que hasta los partidarios más radicales de la lucha armada y de la guerra popular prolongada, hoy reconozcan el camino de la paz total como la alternativa única a seguir.
El presidente Petro no tiene la capacidad de cambiar el solo desde su gobierno, este sistema excluyente, invasivo, explotador, patriarcal y profundamente desigual, no alcanza a remendar los rotos históricos de la impunidad, la desigualdad y la injusticia social, con un Estado cooptado por gente peligrosa, terratenientes ociosos, banqueros especuladores, burócratas indolentes, clanes politiqueros, empresas electorales, políticos ladrones y narcos, con sus grupos paramilitares que ejercen control armado, social y territorial en amplias regiones de la geografía nacional.
Las elites apuestan a minimizar el gobierno de Petro y Francia, haciendo que los tiempos avancen sin permitirles conseguir los cambios necesarios, enredando, saboteando, entrampando, difamando desde sus medios masivos de intoxicación, arrodillados a sus intereses, mientras su mano armada sigue asesinando a la dirigencia social y a quienes abrogan por la alternativa pacífica y dialogal del conflicto, gracias a la impunidad rampante que ha transgredido la institucionalidad judicial colombiana.
Su intención es desanimar, dividir, paralizar y recuperara el gobierno, pues el poder sigue bajo su custodia. Pero la otra cara de la moneda es la pedagogía de paz pendiente, lo mucho que hay por continuar limpiando y lo mucho que hay por seguir transformando, cambiando.
No podemos ser inferiores a las multitudes herederas de más de medio siglo de luchas y resistencias que se movilizaron durante largos meses mostrando capacidad organizativa y política, obteniendo el logro del gobierno progresista.
A pesar de los desgajados acuerdos firmados, el Acuerdo de Paz sigue vigente y la búsqueda de la paz total es un camino que debemos salvaguardar, dando continuidad a los gobiernos progresistas.
Nuevamente la decisión estructural que debemos tomar es elegir los que representen el camino de la vida y la paz, o los que atizan y usufructúan el camino de la guerra y de la muerte.
