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El proceso de insolvencia es un trámite que busca brindar una segunda oportunidad a las personas naturales no comerciantes y de la pequeña comerciante que se encuentran en una situación de insolvencia económica. Este proceso permite a los deudores reunir a todos sus acreedores y llegar a un acuerdo de pago que se ajuste a sus necesidades y posibilidades. La ley de insolvencia es una herramienta que busca proteger a los deudores de la acción de los acreedores y permitirles reestructurar su deuda de manera justa y accesible.
Según el abogado Hernán Bonilla Carrillo, especializado en Derecho Laboral y Relaciones Industriales, el proceso de insolvencia es un trámite dirigido a todas las personas que tienen obligaciones con entidades bancarias, personas naturales, cooperativas y con cualquier entidad del Estado. “Este proceso lo que busca es reunir a todos los acreedores para realizar una negociación y llegar a un acuerdo de pago”, explicó Bonilla. “Este acuerdo puede incluir la suspensión de pagos, la reducción de intereses y la reestructuración de la deuda”.
Bonilla destacó que el proceso de insolvencia es especialmente beneficioso para aquellas personas que están siendo demandadas ejecutivamente por medio de un juzgado civil, ya sea municipal o del circuito, y que tienen embargos sobre sus propiedades, bienes, salario o pensión. “Lo que hace este proceso es suspender todo tipo de demanda, ya sea demandas ejecutivas por un pagaré, demandas ejecutivas por una letra de cambio o porque la entidad estatal realizó un cobro coactivo y ellos embargan siempre las cuentas bancarias”.
Además, Bonilla Carrillo, señaló que el proceso de insolvencia también permite a los deudores recuperar el control sobre sus finanzas y evitar la pérdida de sus bienes. “El proceso de insolvencia es una oportunidad para que las personas naturales puedan replantear su vida financiera y salir de las deudas”.
Por su parte, el abogado César Ramírez destacó los beneficios de la ley de insolvencia, que incluyen la suspensión de procesos ejecutivos y coactivos, la cesación de llamadas de cobros y la tranquilidad y paz mental para los deudores. “La ley de insolvencia es una herramienta que busca proteger a los deudores de la acción de los acreedores y permitirles reestructurar su deuda de manera justa y accesible”.
Ramírez explicó que para acogerse a la ley de insolvencia, las personas deben cumplir con ciertos requisitos, como tener dos o más obligaciones en mora superior a 90 días, tener procesos ejecutivos o coactivos en curso, y no tener un patrimonio superior a 1400 salarios mínimos mensuales legales vigentes. “Una vez que se inicia el proceso, se suspenden todos los procesos ejecutivos y coactivos, y se cesan las llamadas de cobros”.
En cuanto a la postura de los acreedores, Bonilla explicó que estos pueden hacer contrapropuestas al acuerdo de pago presentado por el deudor, pero que siempre la rienda del proceso la lleva el deudor. “El acuerdo de pago puede incluir la suspensión de pagos, la reducción de intereses y la reestructuración de la deuda”.
Ramírez destacó que la ley de insolvencia es una herramienta que busca proteger a los deudores de la acción de los acreedores y permitirles reestructurar su deuda de manera justa y accesible. “La ley de insolvencia es una oportunidad para que las personas naturales puedan replantear su vida financiera y salir de las deudas”.
El proceso de insolvencia es un trámite que busca brindar una segunda oportunidad a las personas naturales que se encuentran en una situación de insolvencia económica. Los abogados Hernán Bonilla Carrillo y César Ramírez destacaron los beneficios de la ley de insolvencia, que incluyen la suspensión de procesos ejecutivos y coactivos, la cesación de llamadas de cobros y la tranquilidad y paz mental para los deudores.
