Por: Fredy Ernesto Tovar Montenegro
Antropólogo Universidad Nacional de Colombia
Opinión
El evento político de mayor relevancia que estamos viendo los colombianos desde el balcón de los medios digitales, es sin duda el juicio que se adelanta contra Uribe, primer expresidente en sentarse en el banquillo de los acusados, como cualquier otro ciudadano de a pie y esto gracias a una de las “jugaditas” usadas por el mismo exsenador, cuando renuncio a su fuero de congresista, quien debió ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia, para pasar a la justicia ordinaria en la Fiscalía General de la Nación, otrora bajo el manto de la manipulación del ex fiscal Barbosa quien a todas luces encubría el proceso contra el expresidente, haciendo el camino expedito hacia la preclusión.
Y es que en los años que lleva el proceso jurídico en contra de Álvaro Uribe, son variadas las artimañas ejecutadas no solo por su pull de abogados defensores, entre los que han desfilados algunos litigantes con prácticas non sanctas como las del aboganster Cadena (hoy investigado penalmente por soborno a testigos y fraude procesal) o las que diariamente vemos en el juicio televisado por redes usadas por Granados interviniendo continuamente en cuestiones de forma, porque de fondo él sabe que no puede hacer nada distinto a dilatar, dilatar y dilatar, buscando el apoyo del mejor abogado que tienen los políticos corruptos de nuestro país, el doctor “vencimiento de términos”, sino el apoyo que fue axiomático por parte de la fiscalía en los periodos anteriores especialmente en el de Francisco Barbosa y Gabriel Jaimes quien fungió como fiscal inicial, fiel escudero del ex procurador Alejandro Ordoñez , situación que viró con la llegada de la actual fiscal general Luz Adriana Camargo, la fiscal que hoy lleva el proceso la doctora Marlenne Orjuela Rodríguez y la Juez actual la doctora Deyanira Gómez, un trio de mujeres impolutas que con su actuación pública y con su historia de servidoras públicas, han encausado el proceso por el marco de la jurisprudencia deslindada de la manipulación política.
Debemos recordar que en la era de Francisco Barbosa fueron dos juezas y un tribunal quienes negaron a la Fiscalía General de la Nación la insistente solicitud de precluir el proceso penal contra el expresidente, quien ha sido el que históricamente más lejos ha llegado en un proceso penal. A razón de lo anterior, el proceso llevaba ya casi 5 años empantanado y dormido en los anaqueles de la fiscalía, mientras el tiempo avanzaba hacia el límite de la prescripción de la acción penal.
Para los que desconocen el proceso que hoy avanza contra Uribe, recordemos que el 11 de abril de 2012, en un debate de control político Iván Cepeda en ese entonces representante a la cámara, pidió explícitamente que se investigara al expresidente Uribe y a su hermano Santiago por los delitos de lesa humanidad acaecidos en Antioquia, por sus posibles nexos con paramilitares especialmente del bloque Metro de las AUC.
El 17 de septiembre de 2014, el mismo día en que Uribe denunció a Cepeda por supuesta manipulación de testigos, Cepeda interpuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la denuncia de potenciales riesgos de asesinato de los testigos Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra.
El 6 de febrero de 2018, la misma Corte Suprema de Justicia archivó la denuncia contra Cepeda y viró abriendo una investigación en contra de Uribe, por el mismo argumento con que Uribe había increpado a Cepeda, supuesta manipulación de testigos. El 8 de octubre de 2019, Uribe rindió indagatoria ante la Corte Suprema y quedó formalmente vinculado por los delitos de soborno y fraude procesal.
El 4 de agosto de 2020 vimos la foto de Uribe como primer expresidente de Colombia bajo medida de aseguramiento preventiva y domiciliaria. El 18 de agosto del mismo año, Uribe renunció a su curul en el Senado, bajo el argumento de falta de garantías, pasando así a la Fiscalía General de la Nación.
El proceso había sido dilatado bajo el contubernio entre la Fiscalía General de la nación y el equipo de abogados defensores en cabeza de Granados buscando a todo lugar el vencimiento de términos.
Desde la ignorancia jurídica me hago la siguiente pregunta: Cuando un abogado sabe que su defendido es criminal y busca el vencimiento de términos, es igual de criminal a su defendido?
