Por: Andres Calderón
Opinión
Vuelve la violencia a ocupar el primer lugar en la agenda política de los colombianos, esta vez por cuenta del atentado al senador de la ultraderecha Miguel Uribe Turbay, quien afortunadamente se mantiene con vida, pero en un pésimo estado de salud según los partes médicos.
Este caso que no es nuevo y tiene un largo antecedente en nuestra historia, ha generado la preocupación e indignación de los medios, de los sectores de la política y en general de la población colombiana, así como en su momento ocurrió con los asesinatos de los políticos Rafael Uribe Uribe (liberal) 1914, Jorge Eliecer Gaitán (liberal) 1948, Jaime Pardo Leal (UP) 1987, Luis Carlos Galán (liberal) 1989, Bernardo Jaramillo Osa (UP) 1989, Carlos Pizarro Leongómez (M-19) 1990 y, el más reciente caso, el de también descendiente de expresidente, doctor Álvaro Gómez Hurtado (conservador) 1995. Todos estos asesinatos tienen en común, el que hayan sido las víctimas, además de hombres, figuras representativas de la política colombiana, algunos con serias opciones de ser presidentes de la república, en militancias u orillas distintas del espectro político colombiano, pero con un alto grado de progresismo en sus ideas.
Por supuesto esto no es nuevo, son los hechos de siempre, y aquí cabe preguntarnos, por qué siendo este un país en constante conflicto, en el que todos los días mueren inocentes a manos de la criminalidad, hay secuestros, extorsiones y atentados, también mueren líderes políticos y sociales en todo el territorio, tiene que ocurrir un atentado a un alto funcionario del estado, en este caso un senador de la República, para que la violencia en el país tome la relevancia que merece en la agenda mediática, política, judicial y de policía.
La vida del senador Uribe merece ser respetada y el atentado en su contra rechazado; este es un hecho que merece toda la solidaridad del pueblo colombiano, pero la de los 67 líderes sociales y los 21 firmantes de paz asesinados este año también, o las casi mil víctimas de atentados terroristas en los últimos 50 años, o los más de 400 concejales asesinados en los últimos 20 años. Hoy todos los esfuerzos están concentrados en determinar la autoría del atentado, por lo que ya se ofrecieron miles de millones de recompensa y seguro se ha dispuesto el reforzamiento de la seguridad del resto de precandidatos y sí, está bien, pero el resto de país, a los ciudadanos de a pie quién podrá defendernos.
La salvaguarda de la vida y la integridad física de todos los ciudadanos colombianos es un mandato constitucional y debe obedecer a una política de estado, no acciones de privilegio como lo es hoy. Colombia ha fracasado rotundamente en su política de seguridad.
Ya lo decía el otro día en una entrevista con María Jimena Duzán el gerente de Cifras y Conceptos, politólogo Cesar Caballero: “El país más que polarizado, está fraccionado, pues son unos pocos los que a voces de resentimiento incitan al odio y al radicalismo”. Según el analista, el 90% de las personas que navegan en redes sociales no interactúan, no opinan, no dicen nada, son simples observadores de la realidad que terminan convirtiéndose en instrumentos de la opinión del 9% que divide; el restante 1% lidera. Esto para decir que lo del atentado a Uribe claramente hace parte de las disputas de poder de una minoría aún más pequeña aún que ese nueve por ciento que divide, que es violenta y que trata de incidir en el escenario político orientando la opinión y las decisiones del electorado hacia el estado de guerra; nada más oportuno ad portas de iniciar un proceso electoral.
Recientemente, el portal La Silla Vacía hizo un análisis de las últimas 8 encuestas de diferentes firmas, para medir intención de voto a la presidencia (promedio ponderado), ejercicio que arrojó un 4,4% de favorabilidad o intención de voto para Miguel Uribe como precandidato, quedando empatado con Quintero Calle y la Pizarro en los últimos lugares. Sin hasta hoy tener la más mínima posibilidad de ser siquiera el candidato oficial de la derecha y con cero progresismo en su propuesta política, me atrevo a decir entonces que el senador ha podido ser usado como chivo expiatorio de una causa oscura que claramente busca desestabilizar, no solo el gobierno, sino el Estado mismo, claramente un golpe a la paz que pondrá en adelante a quien lidere el discurso de seguridad a través de la mano dura, de primero en las encuestas.
