Judicial
Las daciones en pago, un mecanismo legal que permite a los contribuyentes saldar sus deudas tributarias entregando bienes inmuebles al municipio, han sido objeto de controversia en Neiva. Según el alcalde German Casagua, este mecanismo ha sido mal utilizado en la administración anterior, transformándose en una compraventa simulada que ha comprometido las finanzas del municipio, especialmente en relación con los grandes contribuyentes.
El caso más destacado involucra a la sociedad Construcciones e Inversiones D&R, representada por Max Duque Rengifo, y la Alianza Fiduciaria. Estas transacciones, que permitieron a estas entidades cancelar obligaciones fiscales mediante la entrega de predios, habrían incumplido varios marcos legales, entre ellos el Estatuto Tributario, el régimen de contratación estatal y posiblemente el código penal.
Según Casagua, las daciones en pago fueron empleadas incorrectamente durante la administración anterior, lo que resultó en un perjuicio directo para las arcas del municipio. Aunque la figura está permitida por la ley, su aplicación inadecuada impidió que el municipio recaudara de manera efectiva los impuestos que financiarían proyectos de infraestructura. La transacción más significativa se produjo cuando la Alcaldía aceptó la entrega de cinco predios valorados en 3.567 millones de pesos a cambio de una deuda tributaria de 153,31 millones de pesos, en una operación que, según los expertos, se asemeja más a una compra-venta que a una dación en pago.
Un aspecto clave de la controversia es la valoración de los predios involucrados. En el caso de los bienes entregados por la sociedad D&R, los cálculos iniciales de valor fueron realizados tomando en cuenta áreas de protección ambiental, lo que, según el equipo jurídico de la administración, condujo a una subvaloración de los bienes y a un detrimento patrimonial para el municipio.
Los efectos fiscales de estas transacciones han sido negativos para las finanzas del municipio. Según informes presentados por el Confis, la deuda pública de Neiva al cierre de 2023 alcanzó los 97.495 millones de pesos, con un déficit fiscal de 9.139 millones. Las daciones en pago contribuyeron a esta situación al permitir que se comprometieran recursos futuros, afectando el marco fiscal de mediano plazo y limitando la capacidad de la administración para financiar obras públicas.
El director de Rentas municipal y la directora de Presupuesto coincidieron en que las daciones en pago implicaron la pérdida de ingresos fiscales, ya que los contribuyentes pudieron negociar los saldos a favor derivados de las transacciones con terceros, lo que representa un vacío en la recaudación tributaria.
Tras identificar posibles anomalías en las daciones en pago, el alcalde Casagua solicitó un análisis técnico de las viabilidades concedidas, el cual reveló discrepancias significativas en los cálculos de los valores de los predios. Este hallazgo motivó una denuncia penal por presuntos delitos de contrato sin los requisitos legales y peculado por apropiación. A pesar de la interposición de una acción de nulidad por parte de la administración municipal, las transacciones aún no han sido revertidas, ya que los actos administrativos relacionados no han sido registrados en la Oficina de Registros Públicos.
Max Duque Rengifo, representante de las sociedades involucradas, ha defendido la legalidad de las daciones en pago, señalando que estas son una figura legal contemplada en el Estatuto Tributario de Neiva. Según él, las transacciones se llevaron a cabo con el objetivo de facilitar el desarrollo de proyectos de infraestructura estratégica para la ciudad, como la construcción de la calle 6, que ha sido identificada como una prioridad en el Plan de Ordenamiento Territorial. Duque Rengifo destacó que la dación en pago permitió al municipio adquirir terrenos necesarios para este proyecto sin recurrir a la compra directa, lo que representó una solución beneficiosa para ambas partes.
El Tribunal Administrativo del Huila aún no ha emitido un fallo definitivo sobre las irregularidades denunciadas, y la situación sigue siendo objeto de análisis en las instancias judiciales. Mientras tanto, las daciones en pago continúan siendo una herramienta legal en Neiva, aunque su aplicación debe ser revisada con mayor rigurosidad para evitar impactos fiscales negativos y garantizar que se utilicen adecuadamente en beneficio del municipio y sus habitantes.
